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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 3 de febrero de 2023.- El diputado Local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo, emitió un planteamiento sobre la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lleva por nombre Plan B a la Reforma Electoral, en el que asegura que se trata de una propuesta que violenta las leyes y pretende destruir al árbitro electoral que permite la democracia en el país.
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), impugnara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la primera parte de dicho plan, bajo el argumento de que los cambios legales merman su autonomía y capacidades para organizar los comicios de este año, el panista sentenció que de aprobarse dicha reforma se promovería la ingobernabilidad en el país, “lo más importante es que después del proceso electoral no exista ingobernabilidad y hemos visto que el IFE, ahora INE, lo que nos ha dado después de los procesos electorales es certeza y gobernabilidad” declaró.
Aseguró que desde su trinchera en el Congreso del Estado, se defenderá a las instituciones democráticas con la finalidad de evitar una crisis que favorezca solamente al partido del Presidente, al identificar como “riesgoso el cambio de reglas a prisa” para beneficiar a un solo partido. “el presidente quiere por medio de su partido político que es Morena, modificar el árbitro para que en caso de que los resultados en el 2024 no le favorezcan, pues generar ingobernabilidad… desde nuestra trinchera que es el Congreso Local, estaremos defendiendo para que las instituciones democráticas que lleven a cabo los procesos electorales no sean trastocadas por una reforma, que lo que vamos a generar es crisis para no tener un árbitro correcto que pueda llevar los procesos electorales” sentenció.
El Senado de la República retomará el Plan B de la reforma electoral en el transcurso de la próxima semana, dónde sesionarán las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativas, sobre el documento entregado por la mesa directiva el pasado 30 de enero, que se remitió a ambas comisiones, además de la de Justicia, para su análisis.