Vincula Ciudadanos Observando a Salud con desvío de recursos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 7 de julio de 2020.- El grupo de Ciudadanos Observando presentó la investigación Pandemia de la Corrupción, donde vincula a la secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel, con el desvío de recursos por más de 170 millones de pesos de la dependencia hacia empresas fantasmas, sumado a la falsificación de firmas.

El líder de la organización indicó que le fueron detectados 153 millones de pesos que le pagó al empresario Salazar, esto después que lo negó categóricamente hace un par de semanas, donde también la empresa Proshine negó el entregarle contratos. «Posteriormente cuando se mostraron algunas evidencias, dijo la titular de Salud que sí le habían comprado poquito”, expuso Guadalupe González Covarrubias.

Guadalupe González explicó, que el trabajo de investigación se realizó conforme a solicitudes de información, se obtuvieron datos de la plataforma estatal de transparencia, así como se realizaron entrevistas de campo, “además se fue a visitar a las supuestas empresas y al llegar nos entrevistamos con los supuestos socios”. También mencionó que no sólo le pagaba al empresario Gabriel Salazar Soto, sino también a sus familiares, como al hermano, “las empresas fantasma están ligadas entre sí”, dijo.

“La investigación llevó a descubrir que todas las empresas son ficticias, donde no existen los socios, están simulados, así como otros socios fueron registrados sin su consentimiento».

Expuso el vocero de Ciudadanos Observando que se le pagaron cuatro millones al hermano de Gabriel Salazar Soto, al mismo Salazar Soto 8 millones y medio y a Kubal ZF comercialización integral, que es Proshine, misma que negaba la secretaria de Salud y facturaba 50.4 millones, así como una serie de personas físicas que tenían registradas para cobrar dinero.

Dijo que al acudir al domicilio se detectó que son viviendas particulares y otras de plano no existen. Mencionó el caso de uno de los ex trabajadores del empresario Gabriel Salazar, donde aparecía su firma en un contrato en la dependencia de Salud, lo cual negó, y dijo ser ex trabajador del empresario de seguridad.

En total se pagó al empresario Gabriel Salazar 153 millones y a sus acciones ligadas, así como a dos empresas: Khazpher proyectos, insumos y mantenimiento universal con 16.7 millones, y servicios empresariales aplicados Glutivec, a la cual dieron 5 millones 700 mil pesos, empresas ligadas a la Estafa Maestra de Baja California y que ya habían sido detectadas como empresas fantasma.

González Covarrubias señaló que Emmanuel Aureliano Moreno Márquez aparece en el corporativo River de San Luis a partir del 2015 con varias empresas en la llegada de la administración de Juan Manuel Carreras López, donde el corporativo cobra 15.8 millones de pesos, “lo cual deja muy claro la intención de estas empresas. Los socios son Emmanuel Aureliano Moren, Cristian Joel Camarillo y obviamente Gabriel Salazar Soto”.

Indicó que todas las firmas de Emmanuel Aureliano Moreno Márquez no coincidían “y al entrevistarnos con Joel Camarillo en su domicilio sus padres indicaron que él no tenía ninguna empresa y desconocían la firma, con lo cual cobraron 15 millones de pesos”.
Una de las personas que sale compitiendo contra Gabriel Salazar y sus empresas por millones de pesos es Claudia Lucía Pérez Rodríguez, ante lo cual mencionó que ella jamás había participado en ninguna licitación y negó tener alguna empresa.

El mismo caso pasó con Eduardo Lárraga Martínez, donde señaló el vocero de CO que al acudir a su domicilio negó y desconoció tener vínculos con la Secretaría de Salud.
También se le detectaron pólizas de fianzas falsificadas, ante las cuales Gabriel Salazar tiene denuncias penales.

«Hasta las firmas estaban falsificadas, quien valida era la propia Contraloría Interna, a la subdirectora Sandra Pulido Valencia le alteraron las firmas ella, ya no trabaja en la Secretaría de Salud”, dijo.
Existen más empresas y han operado mediante una red de complicidades, ya que se han desviado más de 170 millones de pesos, finalizó Guadalupe González Covarrubias de la organización Ciudadanos Observando.