La Fiscalía General de Justicia, a contracorriente de la austeridad

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 22 de octubre de 2018.- Justo en medio de la tendencia nacional hacía una administración pública austera, la Fiscalía General de San Luis Potosí proyecta la creación de nuevas áreas operativas como fiscalías especializadas, delegaciones regionales y comisiones para el combate de cierto tipo de delitos.

El pasado 12 de agosto el Congreso del Estado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que plantea una reestructura total de la dependencia encargada de “la conducción jurídica de la investigación y el ejercicio de la acción penal respecto de los delitos de su competencia”, según refiere el Artículo 1 del ordenamiento.

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley se explica que la Fiscalía General se estructurará en tres niveles de órganos permanentes que serán de Dirección, Estratégicos y Táctico Operativos.

Como órgano de Dirección estará el Fiscal General; como órganos estratégicos se encuentran la Dirección General de Política de Persecución Penal y Análisis Estratégico, la Dirección General de Servicio Profesional de Carrera y el Órgano Interno de Control.

Los órganos táctico-operativos, estarán encargados de llevar a cabo las funciones de la Fiscalía como órgano de persecución penal. Estos órganos serán: la Vicefiscalía, la Dirección General de Administración, la Dirección General de Servicios Periciales, la Dirección General de Métodos de Investigación, la Dirección General de Análisis Criminal, así como dos Fiscalías Especializadas previstas por la Constitución Local, en materia de delitos electorales y en delitos relacionados con hechos de corrupción.

Como titulares de ambas fiscalías especializadas fueron designados en enero de 2018, Javier Montalvo Pérez y Jorge Alejandro Vera Noyola, respectivamente.

Cabe señalar que ninguno de los dos nuevos funcionarios ha reportado algún logro destacable durante su encargo.

La nueva estructura

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley se explica que para el diseño de la nueva estructura de la Fiscalía General “se desarrolló un estudio integral de las funciones, actividades, estructura jerárquica, capacidades y recursos humanos disponibles de la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, contrastando los índices delictivos versus cargas de trabajo por área, con el fin de llevar a cabo proyecciones volumétricas que soporten con datos duros la nueva estructura que se plantea para la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí”.

Se advierte que lo anterior, se realizó tanto desde el enfoque administrativo y sustantivo, “así como con base en las reglas que impone el sistema de justicia penal acusatorio, lo que hará que la nueva integración de la Fiscalía General, funcione en óptimas condiciones desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y normativo”.

Sobre las Fiscalías Especializadas, la exposición de motivos del proyecto de ley explica que “actualmente existe una tendencia nacional generalizada que con motivo de la protección activa a ciertos grupos vulnerables y atención a tipos de criminalidades muy específicas, el Congreso Federal ha emitido diversas leyes generales que crean Fiscalías Especializadas.

“En ese sentido, los entes de procuración de justicia del País, se encuentran obligados a generar algún tipo de estructura que atienda esos mandatos legales. No obstante no debe ser interpretado que ese mandato se traduce en la obligación de generar una estructura rígida, con inamovilidad de recursos que impide la atención expedita de la criminalidad específica de cada estado, a través de su cristalización en las Leyes orgánicas locales. Es obligación del estado crear un equipo especializado para atender esas problemáticas, pero su tamaño, ubicación y conformación será determinado por el Fiscal General a través de su Política de Persecución Penal, la cual habrá sido integrada a través de un análisis de la criminalidad del estado”.

Es facultad del Fiscal Federico Garza Herrera determinar cuántas fiscalías o unidades especializadas podrían crearse en el futuro cercano de acuerdo a la incidencia delictiva o las necesidades de protección de grupos vulnerables de la sociedad.

Los campos propuestos de atención por parte de unidades especializadas o fiscalías son: en materia de desaparición forzada de personas, y desaparición cometida por particulares y del sistema de búsqueda de personas.

En este sentido, fue creada la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, cuyo primer titular es Jesús Juárez Hernández, un ex policía ministerial de quien se dice tiene una amplia experiencia en la materia.

También podrían crearse unidades especiales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, y contra migrantes.

Esta la propuesta de prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; para la atención de los pueblos, comunidades y personas indígenas; para la atención de la mujer, la familia, delitos sexuales y justicia para adolescentes y “las demás fiscalías en las materias específicas que deban crearse por disposición de la ley o por las necesidades del servicio.

Es decir, el Fiscal del Estado está facultado para crear áreas dentro de la institución de acuerdo a lo que considere pertinente.

“La Fiscalía General contará con áreas funcionales de atención central y de atención regional a través de sus delegaciones, las cuales se encontrarán definidas según la necesidad del Estado, en el Plan de Persecución Penal”, señala el nuevo ordenamiento.