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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 16 de diciembre de 2018.- El activista y asesor legal de diversos comuneros y ejidatarios, Carlos Covarrubias Rendón, consideró “sepultado” el desarrollo habitacional proyectado en una extensión de más de 2 mil hectáreas en la Sierra de San Miguelito, porque la Procuraduría Agraria no dio el visto bueno a la conformación de la sociedad inmobiliaria Reserva San Luis S.A. de C.V, a la que se integrarían los comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, con la aportación de la superficie.
Explicó que de acuerdo con información proporcionada mediante oficio por el Subdelegado de Conciliación Agraria, Emilio Zepeda Gómez, la solicitud fue devuelta a los promoventes, lo cual implica que no se podrá efectuar la asamblea de aportación programada para el próximo 23 de diciembre y en la que el que el grupo de empresarios que pretenden conformar la sociedad inmobiliaria con los comuneros, en la que estos aportarían un total de 2,068-83-78.57 hectáreas.
Sin embargo, aunque el activista estimó complicado reponer los procedimientos para volver a encauzar la conformación de la sociedad Reserva San Luis, “es muy difícil o casi imposible”, advirtió que la comunidad de San Juan de Guadalupe se mantendrá atenta a los posibles acuerdos entre desarrolladores inmobiliarios y el ayuntamiento de San Luis Potosí, que eventualmente podría hacer modificaciones a los reglamentos de uso de suelo.
«A los socios de ese proyecto inmobiliario se les vendió una idea de cómo se podía hacer, pero las condiciones sociales no son las mismas qué hace 25 años, cuando se conformó, por ejemplo, la Garita de Jalisco, donde los comuneros fueron despojados de su patrimonio”, recordó.
No obstante, añadió, “hay que vigilar lo que suceda, porque los empresarios van a querer que Xavier Nava apruebe todo lo que se tenga que modificar y ahí es donde realmente se va a ver hasta qué grado puede o no haber o no compromisos de la actual administración con los grupos inmobiliarios», consideró.
Covarrubias Rendón, dijo que entre los comuneros hay confianza en que con la renovación de las autoridades agrarias a nivel federal, se cierren las puertas a la posibilidad de crear sociedades mercantiles y particularmente inmobiliarias, que pongan en riesgo el patrimonio de los comuneros.
«En este momento hay en análisis a nivel nacional, dos o tres modificaciones a la ley agraria para cancelar los procesos que abran la puerta a la creación de sociedades inmobiliarias en reservas territoriales de comuneros; esas figuras ya serán muy prohibitivas», concluyó.