Sentenciados por violencia fuera del Comité de Participación Ciudadana

San Luis Potosí, SLP., 4 de enero de 2024.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí está analizando una iniciativa que busca reformar la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. La propuesta, que se encuentra en la fase de análisis, busca adicionar al artículo 17 de dicha ley las fracciones XI y XII, con el objetivo de establecer requisitos más rigurosos para formar parte del Comité de Participación Ciudadana.

La iniciativa propone un requisito clave: las personas que tengan una sentencia firme por la comisión intencional de delitos específicos no podrán pertenecer al Comité de Participación Ciudadana. Entre estos delitos se incluyen aquellos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, así como violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades.

Además, la propuesta también establece la inhabilitación para quienes hayan sido declarados como personas deudoras alimentarias morosas. Estos requisitos, según los proponentes, buscan asegurar que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sean personas íntegras y comprometidas con la legalidad y los derechos humanos.

El Comité de Participación Ciudadana, según lo establecido en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador. Asimismo, funciona como la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción.

En cuanto a la integración del Comité de Participación Ciudadana, la ley actual dispone en su artículo 16 que este se compone de cinco personas ciudadanas de reconocida probidad y prestigio. Estas deben haber destacado por su contribución a la mejora de la gestión pública, combate a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas. El periodo de duración en el cargo es de cinco años, sin posibilidad de reelección.

La propuesta de reforma actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia, donde será analizada detenidamente. Posteriormente, se espera que sea enviada al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, ser sometida a votación. La iniciativa representa un paso significativo hacia la consolidación de prácticas transparentes y la garantía de integridad en los órganos encargados de velar por el combate a la corrupción en San Luis Potosí.