Revela Reforma red de empresas ligada a Gerardo Sánchez Zumaya

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 23 de octubre de 2026.- Una red de empresas vinculadas con el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya recibió pagos por más de dos mil 800 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) durante 2025, mediante facturas por supuestos servicios de suministro, maquila y transporte de productos químicos, de acuerdo con una investigación publicada por Reforma.

El diario identificó a Grupo Mineral & Logistic (GML), Safnat y Diazol entre las compañías relacionadas con las operaciones investigadas. Según la publicación, sus domicilios fiscales se ubican en viviendas de zonas populares y de clase media de Tabasco y la Huasteca potosina, mientras que sus operaciones involucran facturación millonaria en el sector petrolero.

La investigación también documenta cambios en la estructura societaria de las empresas. En el caso de GML, Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Sánchez Zumaya, figura como socio principal, luego de que el empresario potosino ocupara esa posición. La firma habría comenzado a facturar al IMP después de exhibir un cheque por 400 millones de pesos ante un notario público de Tabasco.

Por su parte, Safnat habría facturado 24.2 millones de dólares al IMP. En esta compañía aparece como socio principal Hilario Sánchez Lara, quien también habría sustituido a Sánchez Zumaya en la estructura societaria.

La tercera firma, Diazol, fue constituida en 2024 a nombre de dos jóvenes tabasqueños. Según Reforma, hasta marzo de 2026 había facturado alrededor de 2 mil millones de pesos a GML y Safnat, pese a reportar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) gastos fiscales por apenas mil 197 pesos durante el periodo referido.

UIF bloquea cuentas y empresas recurren a amparos

La investigación periodística señala que personas físicas y morales relacionadas con la presunta red comenzaron a promover amparos contra el bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Entre los casos documentados se encuentra Grupo Mineral & Logistic Comercializadora de Minerales y Construcción, cuya demanda fue presentada el 2 de octubre contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas. El recurso fue desechado por un juzgado federal debido a que el apoderado no acreditó la representación legal de la empresa.

También se reportan acciones legales de Químicos Industriales Sazu y de personas señaladas por su presunta participación en operaciones de facturación irregular. Algunos de los promoventes buscan que la UIF atienda solicitudes relacionadas con la garantía de audiencia, mecanismo mediante el cual pueden presentar argumentos sobre el origen de sus recursos.

Facturación millonaria y vínculos con investigación federal

Reforma reportó además que en 2025 Grupo GESA facturó a la empresa ROCA más de 3 mil millones de pesos por servicios de transporte y renta de camiones cisterna. Asimismo, Petroservicios Integrales México habría emitido facturas por más de 88 millones de pesos a GML.

En la publicación también se menciona a Héctor Manuel Portales Ávila, quien se desempeñó como secretario de administración de ROCA y es buscado por la Fiscalía General de la República en una investigación relacionada con una presunta red de contrabando de combustible. De acuerdo con el diario, actualmente colabora como testigo con las autoridades federales.

El caso se inserta en una serie de investigaciones previas sobre empresas vinculadas con Sánchez Zumaya. En noviembre de 2024, Reforma había documentado otro grupo de compañías que presuntamente facturó 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024, antes de quedar inactivo tras una denuncia ante la Fiscalía de Tabasco.

Sánchez Zumaya, quien buscó la candidatura al Gobierno de San Luis Potosí por Morena y el Partido del Trabajo, ha rechazado acusaciones en su contra. La publicación también refiere que el dirigente nacional petista, Alberto Anaya, declaró que el empresario había salido del país.

Los señalamientos descritos corresponden a la investigación periodística citada y a procedimientos legales en curso.