Rechazo de informes provocaría ola de amparos: Beatriz Benavente

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 24 de septiembre de 2018.- La determinación de la LXII Legislatura, al dejar sin efecto la aprobación de las cuentas públicas 2017 de parte de sus antecesores, abre la puerta para que cerca de 116 entes auditables se amparen y queden impunes las irregularidades financieras detectadas, advirtió la presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, Diputada priista Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez.

Sostuvo que el trabajo legislativo va más allá de eliminar decretos por acciones populistas, que ahora ponen en riesgo la aplicación de la ley contra quienes hicieron mal uso del presupuesto público.

Consideró que -si lo que querían era replantear el asunto de las cuentas- no era mediante la anulación de un decreto, pues se tomó la determinación sin un análisis previo ni serio; posteriormente se estará turnando el asunto a la Comisión de Vigilancia para revisar el proceso del trabajo de la ASE y emitir un nuevo dictamen que pase al pleno en espera de autorización.

“Es grave, porque se abre el espacio para los amparos cuando ya fueron notificados con un pliego de observaciones, pero ojalá que se pueda resolver lo mejor posible para evitar que queden sin castigo quienes no hayan ejercido bien su recurso”, expresó la legisladora.

Sostuvo que hay espacios jurisdiccionales donde se puede derogar un decreto, pero no corresponde al Pleno del Congreso; aclaró que no se están defendiendo las cuentas, pero es evidente una falta de seriedad cuando llegan a derogar decretos ya publicados y por ello se exponen a una posible controversia constitucional o acción de constitucionalidad.

“Fue una vergüenza lo que sucedió, para mí empezamos con el pie izquierdo en un intento de querer quedar bien con la gente, había forma de hacerlo, pero no era esa”, recalcó.

Entre tanto, la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, dijo que en ese órgano fiscalizador proseguirán en la revisión de informes, a reserva de las decisiones que tome el Poder Legislativo para ejercer acción legal en el caso de inconsistencias.

“La ley para la Auditoría no marca ninguna situación por la cual tenga que detenerse nuestro trabajo, al final lo que se evalúa es el informe, seguimos en el proceso de fiscalización esperando los desahogos de los Municipios, para después emitir las carpetas de investigación a las autoridades que tengan que sancionar alguna conducta que haya prevalecido”, señaló Cervantes Salgado.