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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 31 de agosto de 2026.- Una propuesta jurídica desarrollada desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para fortalecer la defensa de los derechos colectivos ya es retomada en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata del principio ProComuna, desarrollado hace aproximadamente una década por el investigador de la Facultad de Derecho de la UASLP, Guillermo Luévano Bustamante, a partir del trabajo de defensa de derechos colectivos realizado desde la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos.
El académico explicó que la propuesta parte del principio ProPersona, utilizado en materia de derechos humanos para favorecer la interpretación que más beneficie a las personas, pero busca extender esta lógica a colectividades, particularmente cuando están en juego derechos de pueblos indígenas, comunidades campesinas o la defensa del territorio.
-Es como una ampliación o una extensión del ProPersona. Cuando la persona no es solo un individuo, sino una colectividad-, explicó.
Luévano Bustamante señaló que el ProComuna ya ha sido utilizado en casos específicos por tribunales nacionales, aunque aclaró que todavía no puede considerarse un principio constitucional.
-Ya se está usando este principio, porque resultó que es operativo, que funciona para cierto tipo de controversias-, indicó.
La propuesta también aparece en una iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos, actualmente en proceso de consulta, lo que representa otro espacio para su eventual incorporación al marco jurídico nacional.
El principio fue construido a partir de distintas experiencias jurídicas y sociales relacionadas con los bienes comunes, entre ellas los estudios de Elinor Ostrom, el derecho internacional y la experiencia de la comunalidad en Oaxaca.
El investigador destacó que el objetivo fue transformar esos conocimientos en una herramienta práctica para litigios relacionados con derechos colectivos, particularmente en casos donde una interpretación centrada únicamente en el individuo resulta insuficiente.
Para Luévano Bustamante, uno de los principales alcances de la propuesta es que un conocimiento generado desde la UASLP pueda ser utilizado en procesos judiciales fuera de San Luis Potosí.
-Es un motivo de orgullo que lo que uno hace le sirva a más gente. Finalmente es el sentido-, expresó.
La investigación será difundida próximamente en un número temático de la Revista Metis, del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicación digital de acceso gratuito.
El académico consideró que el siguiente reto será ampliar la utilización del ProComuna a otras controversias relacionadas con derechos colectivos y avanzar hacia su eventual reconocimiento como principio constitucional.




