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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 14 de octubre de 2026.- Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado busca que los habitantes de San Luis Potosí puedan consultar en mapas públicos qué municipio, organismo operador o prestador tiene la responsabilidad de suministrar agua potable en cada zona.
La propuesta de la diputada Nancy Jeanine García Martínez plantea reformar la Ley de Aguas y la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que los responsables del servicio mantengan actualizada la información sobre sus territorios de atención.
El proyecto contempla que los municipios y organismos operadores publiquen cartografía georreferenciada, es decir, mapas que identifiquen con precisión las zonas donde tienen a su cargo el suministro de agua, el alcantarillado, el tratamiento y la disposición de aguas residuales.
La información tendría que actualizarse al menos una vez al año y permanecer disponible de manera gratuita, permanente y en formatos accesibles a través de los portales oficiales y de transparencia.
La legisladora explicó que la medida permitiría a la población identificar con mayor certeza a qué autoridad acudir cuando tenga problemas con el servicio, presente una queja o solicite información sobre la cobertura de la red.
Uno de los puntos centrales de la propuesta se refiere a las zonas donde existe incertidumbre sobre los límites de atención o donde coinciden las áreas de distintos municipios y organismos operadores.
En esos casos, los prestadores tendrían que coordinarse para establecer y actualizar la información sobre sus respectivas responsabilidades. Si las diferencias persisten, podrían solicitar la intervención de la Comisión Estatal del Agua (CEA) para facilitar la coordinación.
La iniciativa busca hacer visible la responsabilidad territorial de quienes prestan el servicio, sin modificar las competencias que actualmente corresponden a municipios y organismos operadores.
Con ello, se pretende reducir la incertidumbre que enfrentan usuarios cuando no saben qué instancia debe atender una falla, una solicitud de conexión o una queja relacionada con el suministro.
La propuesta fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis, por lo que todavía no constituye una obligación vigente para municipios y organismos operadores.





