Propone diputada crear Comisión Especial de Atención al Periodista

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 27 de noviembre 2021.- La diputada Gabriela Martínez Lárraga presentó una iniciativa de Acuerdo Económico para la creación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas en el Congreso de San Luis Potosí, con el objetivo de recibir quejas y denuncias de personas periodistas; recepción de iniciativas, puntos de acuerdo, u otras iniciativas a partir de las facultades de esta Soberanía.

Así como contrapeso político para la atención de violaciones a derechos humanos de quienes se dedican al periodismo; y las demás que se desprendan de otros ordenamientos legales, en su exposición de motivos señaló que la libertad de expresión es un derecho humano que debe ser protegido con especial responsabilidad del Estado y aunque exista un Sistema Estatal de Protección, se considera que debe legislarse sobre la creación de una Comisión Especial de Atención a Periodistas.

Agrega que la labor que realizan los medios de comunicación es vital para el fortalecimiento democrático, por lo cual, ante el patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra mujeres y hombres periodistas, se necesita la representación y un contrapeso político en el amparo y protección se su labor periodística.

Señala que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos; como así se afirma en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así, la obligación de respeto, contenida en la Convención, se traduce principalmente en obligaciones negativas o de no hacer, tales como no obstaculizar, interferir o impedir el goce de los derechos humanos; es decir, conlleva una abstención del Estado.

Manifiesta que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran la obligación adicional de “adoptar medidas” que pueden ser de carácter legislativo, o de cualquier otro que fuere necesario para hacer efectivos los derechos y libertades allí reconocidas. Asimismo, las obligaciones estatales dispuestas en la Constitución se complementan con aquellas derivadas de las fuentes internacionales.