Prisión domiciliaria: quién puede obtenerla y cómo se aplica en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 29 de octubre de 2026.- La prisión domiciliaria permite que una persona imputada cumpla la medida cautelar de prisión preventiva fuera de un centro penitenciario, bajo restricciones y condiciones establecidas por un juez. Sin embargo, su aplicación depende de las circunstancias particulares de cada caso y no constituye un beneficio automático.

Esta modalidad implica que la persona permanezca en el domicilio autorizado y no pueda abandonarlo sin permiso judicial. Dependiendo de la resolución, puede incluir vigilancia policial, supervisión o el uso de dispositivos electrónicos de localización.

La legislación contempla que la prisión preventiva pueda cumplirse en el domicilio, en un centro médico o en una institución geriátrica cuando la persona tenga más de 70 años o padezca una enfermedad grave o terminal. También considera circunstancias relacionadas con el embarazo y la lactancia.

La decisión corresponde a la autoridad judicial, que debe valorar las condiciones de la persona imputada y los riesgos procesales. La medida no procede cuando el juez considera que existe riesgo de fuga, posibilidad de que la persona salga del país o circunstancias que representen un riesgo para la sociedad.

En San Luis Potosí, esta modalidad se aplica de manera minoritaria. De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, alrededor del 86.6 por ciento de la población penitenciaria del fuero común permanece en prisión preventiva dentro de un centro penitenciario, sin contar todavía con una sentencia definitiva.

La cifra refleja la dimensión del uso de esta medida cautelar en la entidad y se relaciona con la discusión sobre la saturación de los centros penitenciarios y el tiempo que algunas personas permanecen privadas de la libertad mientras se resuelve su situación jurídica.

La prisión preventiva ha sido cuestionada por organizaciones y abogados debido a los casos de personas que pasan largos periodos encarceladas sin recibir una sentencia. El abogado potosino José Mario de la Garza ha denunciado esta situación en su cuenta de X, donde ha señalado que la falta de una resolución judicial puede mantener a personas criminalizadas e invisibilizadas, pese a que todavía no se determina su responsabilidad penal.

Piden ampliar medidas alternativas

Por su parte, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, ha señalado que los centros penitenciarios potosinos operan por encima de su capacidad y que el rezago judicial puede convertir la prisión preventiva en una especie de condena anticipada.

Ante este escenario, ha planteado ampliar el uso de medidas cautelares alternativas, como los brazaletes electrónicos o la presentación periódica ante las autoridades, particularmente en casos de delitos no graves.

La prisión domiciliaria y otras medidas cautelares buscan que la privación de la libertad en un penal no sea la única opción durante un proceso judicial. No obstante, su aplicación depende de la valoración de cada expediente y de las condiciones que establezca el juez.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
Síguenos en: Facebook | WhatsApp | X | Instagram | YouTube