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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 14 de marzo de 2019.- El Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 para San Luis Potosí, estableció una inversión conjunta entre el Estado y la Federación, de 19 millones 960 mil pesos, contemplada para fortalecer las capacidades de evaluación en materia de control de confianza, de la cual, 17 millones 500 mil pesos, se dirigieron a sueldos del personal del Centro de Evaluación de Control de Confianza (C3), es decir, un 87.6 por ciento de la inversión total.
En el Anexo Técnico del Convenio celebrado entre la Federación y el Estado, específicamente en el Programa con Prioridad Nacional número II, relativo al Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, el inciso «B» detalla que para el subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, la autoridad Federal aportó 1 millón 785 mil pesos y el Gobierno del Estado, 18 millones 175 mil, para sumar los 19 millones 960 mil pesos.
De la inversión estatal de 18 millones 175 mil pesos para este subprograma, los 17 millones 500 mil dirigidos a «Servicios Personales», que abarcan los honorarios, remuneraciones al personal de carácter transitorio y honorarios asimilables a salarios del personal del Centro de Evaluación, representan el 96.2 por ciento.
El 3.8 por ciento restante de la inversión estatal se estableció de la siguiente manera: 400 mil pesos en «Materiales y Suministros», que incluyó un gasto de 50 mil pesos en material de oficina y 350 mil pesos en vestuarios, blancos y prendas de protección; finalmente, en «Servicios Generales», que incluyó el servicio de traslados y viáticos, se contempló una inversión de 275 mil pesos.
En lo que respecta a la inversión federal de 1 millón 785 mil pesos, se desglosó así: 830 mil pesos en el rubro de «Materiales y Suministros» para adquirir productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; y un gasto de 955 mil pesos en «Servicios Generales», para la contratación de servicios profesionales científicos y técnicos.
Recientemente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó que con sólo el 51 por ciento, San Luis Potosí se encuentra en los últimos lugares de cumplimiento de la aprobación mensual de evaluación al personal de procuración de justicia y de seguridad pública estatal y municipal.
Al respecto, la directora del C3, Alma Verónica Vargas Bravo, argumentó que esto se debe a que actualmente no se cuenta con todo el equipamiento ni el personal necesario para atender al cien por ciento las evaluaciones en los periodos que marca la ley, es decir que los recursos del FASP, no se aplicaron para contratar al personal necesario, pero sí en su mayoría para la nómina ya establecida.
El Convenio del FASP 2018 marca responsabilidades específicas para el Estado. Entre esas obligaciones destaca: aplicar a través de su Centro de Evaluación las pruebas de control de confianza en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del personal de las instituciones de seguridad pública; asegurar que el Centro de Evaluación cuente con la capacidad de atención instalada, así como con los materiales e insumos que permitan dar cumplimiento a las metas de evaluación convenidas; y contar con el total de los integrantes de las instituciones de seguridad pública aprobados y vigentes en materia de control de confianza, incluyendo a los altos mandos.
En el convenio se establecen 10 Programas con Prioridad Nacional y los subprogramas vigentes del acuerdo. Los programas prioritarios son sobre el Desarrollo de políticas públicas de prevención de la violencia con la participación ciudadana; Desarrollo, profesionalización y certificación policial; Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; Fortalecimiento al sistema penitenciario y ejecución de medidas para adolescentes; Desarrollo de las ciencias forenses; Sistema nacional de información para la seguridad pública; Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias; Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto; y la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.
Estos rubros en suma, tuvieron para 2018 una inversión Federal de 209 millones 276 mil 822 pesos, y una inversión estatal de 52 millones 319 mil 205.50 pesos, es decir, un monto total conjunto de 261 millones 596 mil 27.50 pesos.