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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 9 de enero 2020.- El homicidio contra un menor de edad originario de San Luis, que viajaba con su familia de regreso a Estados Unidos, donde también tenía la nacionalidad, es el caso más reciente de los 100 que sufren al año potosinos en ese estado vecino, de acuerdo con la presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez Rodríguez.
Entrevistada por Proceso, afirmó que tales sucesos ocurren en su mayoría en las carreteras de la entidad en su modalidad de “agresiones, robos, secuestros y crímenes”, sobre todo contra familias de la Huasteca Potosina.
Edith Pérez añadió que a muchos potosinos se les ha perdido el rastro en tales vías de comunicación, pero tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Comisión Estatal de Búsqueda, “no se atreven a dar las cifras oficiales de desaparecidos”.
Según el reporte oficial del Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas, citado por Proceso, el menor de 13 años de edad, identificado como Óscar N., fue víctima de una agresión armada contra dos vehículos que viajaban de San Luis a Oklahoma el pasado sábado 4 de enero.
“Además, resultaron lesionados dos adultos y un niño más, en los hechos ocurridos en la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, a la altura del paraje Los Arcos, en el municipio de Ciudad Mier. La familia fue interceptada en un retén de un grupo del crimen organizado, donde individuos armados los detuvieron y dispararon”, explica.
El presunto motivo del ataque fue que las personas que viajaban en ambas unidades no se detuvieron a la orden de los delincuentes, de lo cual resultó muerto el menor, otro herido, así como dos adultos: un hombre y una mujer.
Como el menor de edad potosino era también ciudadano de Estados Unidos, el gobierno de ese país pidió informes a las autoridades mexicanas y también, hacer justicia.
PARADERO DESCONOCIDO
El presidente de la Comisión de Migración del Congreso de San Luis Potosí, Óscar Vera Fábregat, afirmó que no han podido dar con las víctimas para brindarles su ayuda, pero manifestó que a su juicio, la investigación debe correr a cargo del Gobierno Federal.
«El gobierno mexicano tiene la responsabilidad civil, por lo que es su obligación indemnizar a las víctimas, pero nosotros como legisladores (principalmente yo), estamos realizando un boletín para informar a la familia cuáles son sus derechos «, indicó el legislador.
También dijo que la indemnización asciende a mil 68 días de salario mínimo, es decir 131 mil 598.96 pesos.