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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 30 de enero de 2026.- Organizaciones civiles, colectivas, personas trans y no binarias, defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general hicieron público un pronunciamiento para expresar su preocupación por el cobro que se aplica en San Luis Potosí para el trámite de reconocimiento legal de la identidad de género.
Las colectivas señalaron que este procedimiento no debe considerarse un privilegio ni una concesión administrativa, sino un derecho humano fundamental, vinculado con la dignidad, el derecho a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que cualquier barrera económica limita su ejercicio en condiciones de igualdad.
Actualmente, la Ley de Hacienda del Estado establece un cobro de 10.52 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para el trámite de modificación de datos personales en actas del estado civil conforme a la identidad de género autopercibida.
Aunque se presenta como un costo administrativo, las organizaciones advirtieron que en la práctica se convierte en un obstáculo para personas que enfrentan condiciones de exclusión y precarización económica.
Señalaron que este cobro tiene un impacto diferenciado y desproporcionado en personas trans y no binarias, quienes históricamente han enfrentado discriminación laboral, barreras institucionales y violencias estructurales, lo que dificulta aún más el acceso a un trámite que garantiza seguridad jurídica y reconocimiento oficial.
Además, alertaron que la falta de claridad en la aplicación del cobro genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a discrecionalidad y arbitrariedad administrativa, debilitando la garantía efectiva del derecho a la identidad.
El pronunciamiento recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los procedimientos de reconocimiento de identidad deben ser administrativos, sencillos, expeditos y accesibles, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-24/17, determinó que estos trámites deben tender a la gratuidad para evitar que factores económicos limiten el ejercicio de derechos.
Asimismo, citaron la Recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se reconoce la existencia de violaciones estructurales derivadas de barreras normativas y administrativas que afectan a personas trans y no binarias.
Ante este contexto, las colectivas hicieron un llamado a las autoridades competentes para garantizar el acceso efectivo al reconocimiento legal de la identidad de género, sin cobros ni requisitos que restrinjan su ejercicio.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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