Peritos del INAH al rescate del busto de Ponciano Arriaga

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 12 de junio de 2020.- Martín Juárez Córdova, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, anunció que los daños por la manifestación del pasado viernes ascienden a 800 mil pesos, al tiempo que habló de la restauración del busto de Ponciano Arriaga.

Ese día, el busto del abogado conocido como El Padre de la Constitución de 1857 fue tirado a la calle y grafiteado por jóvenes que realizaron actos de vandalismo, por lo que peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estarán a cargo de la restauración, dijo Juárez.

El diputado local indicó que los daños ocasionados a la sede se estiman en la cantidad señalada, pero podría variar una vez que se termine el trabajo de los peritos valuadores.

En entrevista para Quadratín SLP, explicó que los daños se registraron en mobiliario, paredes, madera y cristales, algunos de los cuales tenían más de 30 años de antigüedad y eran ahumados, lo que ya casi nadie elabora.
“Además respondían a un diseño arquitectónico y a una imagen en lo general de armonización; entonces, habrá que valorar para que el Congreso pueda recuperar su imagen”, señaló Juárez.

De los documentos que fueron sustraídos y quemados, el legislador indicó que se encontraban en el área de investigación y Servicios Parlamentarios y eran productos terminados, pero la mayoría tiene su respaldo digital .
Sin embargo, Martín Juárez anotó que más allá de los daños materiales, están los daños sociales.

“Los daños hay que verlos en dos sentidos: el daño social a mi me preocupa muchísimo, porque condenamos la violencia sea cual sea su origen y exigimos el respeto a los derechos humanos y una investigación transparente que deje claro quiénes son los autores materiales y los intelectuales si los hubiera. Hay que estar al pendiente y le hemos apostado a las evidencias y en esta dinámica nosotros habremos de seguir trabajando”, indicó.

Juárez consideró que como consecuencia de estos actos violentos hay un rompimiento en el tejido social, si bien “todo mexicano tenemos derecho a manifestarnos de manera pública, libre y pacífica, respetando siempre el estado de derecho consagrado en nuestra Constitución Política”.