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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 10 de septiembre 2021.- Por tratarse de un mecanismo jurídico costoso y complicado, los amparos promovidos ante la justicia federal para que menores de edad tengan acceso a la vacuna anti Covid en México, llegan a costar entre 30 y 50 mil pesos.
El presidente de la fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, informó lo anterior y sostuvo que este tipo de juicios se ha encarecido mucho, amén de que hay gente que está promoviéndolos para sacar un beneficio económico.
“En Renace lo hacemos gratuito, integramos el colectivo Justicia Covid en toda la República y vamos impulsando hasta hoy al menos 20 procesos de este tipo; queda de por medio el derecho humano a la salud y no hay justificación para que el estado no se las proporcione, así que si los padres están a favor de que les sea aplicada a sus hijos menores, claro que pueden hacerlo”, sostuvo.
También comentó que tienen en su poder un texto de un amparo bien elaborado que puede usarse para promover a quienes tengan interés de acercarse a Renace, donde se han obtenido suspensiones que ordenan a las autoridades sanitarias llevar a cabo la vacunación.
Sobre el laboratorio al que pertenecen los diferentes biológicos, fue preciso al señalar que los padres de familia no pueden obligar al Estado a aplicar una vacuna en especifico para sus hijos, sino que pueden suministrar la que tengan disponible en cada entidad.
“Es un proceso muy rápido, en 2 o 3 días dictan una medida provisional y se ordena la vacunación, en cinco días están poniéndoles las vacunas”, detalló de la Garza.
Sobre la postura del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de cuestionar el origen de estos amparos en México, condenó que no puede atacar a quienes ejercen sus derechos ni criminalizar en el contexto político a quienes intentan hacerlos valer.
“Es algo peligroso, los amparos son lo único que hay en México para defenderte de violaciones a los derechos humanos, que se promuevan todos los que se tengan que promover y no solo en el tema de salud, sino el de acceso al agua o a la educación”, concluyó el jurista.