Mujeres contra la violencia institucional: una lucha perdida

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 8 de marzo de 2019.- El Día Internacional de la Mujer es por excelencia una fecha para reflexionar sobre el papel que tienen las féminas en cada uno de los ámbitos de la sociedad, tanto en la política, como en las instituciones; en la defensa de los derechos humanos, la procuración de justicia o únicamente como ciudadanas.

A propósito de esta fecha, es innegable que en San Luis Potosí existen casos de mujeres que han sido muestra de lucha contra la violencia institucional.

A continuación, un breve recuento de sólo algunos de los casos más mediáticos sobre violencia institucional hacia las mujeres:

En noviembre de 2018, María de Jesús Almendárez Prieto, empleada de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), que en 2013 denunció abuso y acoso sexual por parte de un funcionario de dicha dependencia, obtuvo una resolución a favor en el proceso judicial que emprendió desde hace años.

La Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitió la resolución condenatoria con una penalidad de cuatro años y tres meses, en contra del acusado de abusar y acosar sexualmente a Marichuy.

Sin embargo, esa batalla ganada no fue suficiente para hablar de justicia en el caso de Marichuy, pues hoy en día el agresor sigue libre porque desde que inició el juicio, únicamente se consideró el delito de acoso sexual, catalogado como no grave.

Luego de ser víctima de violación a bordo de un autobús de pasajeros de la empresa ETN en el año 2016, Margarita Ortiz Macías, recorrió un tortuoso camino de más de dos años y medio hasta obtener justicia; su agresor fue condenado de manera definitiva en febrero de este año, en un juicio que fue repuesto en el que se le impusieron 70 años de cárcel, cuando en un proceso previo un juez había otorgado una pena de 111 años de prisión.

Ortiz Macías actualmente es presidenta de la Asociación Civil Río de Mujeres, dedicada a apoyar a féminas víctimas de violencia. En su lucha, ha pugnado por que se implementen penas más severas a violadores, incluso ha propuesto la pena de muerte o la castración química para quienes cometan esos delitos.

Pero al interior de las instituciones, también persiste la violencia en razón de género. En el Congreso del Estado, la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, fue agredida por el legislador Edgardo Hernández Contreras, quien en octubre de 2018 refirió que le hubiera gustado que Benavente fuera hombre «para partirse la madre en la tribuna».

Las consecuencias para el diputado por esos hechos, no han tenido un efecto legal o administrativo, pues aunque el Tribunal Estatal Electoral, determinó un apercibimiento público y la obligación de recibir un curso sobre violencia política de género, el diputado impugnó la sentencia en la Sala Regional del Tribunal Electoral.

La presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Yolanda Pedroza Reyes, que se pronunció a favor de castigar a Edgardo Hernández Contreras por sus actos de misoginia, también emitió en su momento una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por violencia Institucional y hostigamiento laboral en contra de los magistrados Rigoberto Garza y Oscar Calixto Sánchez.

La Fiscalía aún está en proceso de integración de la indagatoria por los hechos denunciados por parte de la magistrada presidenta; no obstante, no se ha tenido un avance porque la violencia política no está configurada como delito.

Por último, uno de los casos más recientes de violencia institucional en razón de género, y que destapó lo que posiblemente sea un foco de violencia sistematizada al interior del Poder Judicial del Estado, es el de la magistrada Adriana Monter Guerrero, quien denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cué, por haberla removido ilegalmente de su cargo como Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.

El ejemplo de la magistrada, dio pie para que un Juez de Primera Instancia del Poder Judicial, emitiera otra queja en contra de Almazán Cué.