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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 3 de junio de 2026.- Tras más de una década de trabajo de incidencia legislativa, el Colectivo Cuidadoras Potosinas celebró la aprobación de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política del Estado, la cual reconoce el derecho a cuidar, recibir cuidados en condiciones dignas y al autocuidado.
Durante una visita al Congreso del Estado, la presidenta del colectivo, Mariana Hernández Noriega, recordó que la organización inició esta lucha en 2013 con la presentación de diversas iniciativas orientadas a garantizar derechos para las personas que realizan labores de cuidado, principalmente mujeres.
Explicó que a lo largo de tres legislaturas se impulsaron propuestas para crear un marco legal que atendiera las necesidades de este sector, enfrentando obstáculos relacionados con la falta de conocimiento sobre la problemática y la ausencia de políticas públicas enfocadas en las personas cuidadoras.
Hernández Noriega señaló que la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado representa un paso fundamental para visibilizar a quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de familiares con discapacidad, enfermedades crónicas, dependencia o adultos mayores.

“Lo más importante es que se reconoce que las personas cuidadoras también tienen derechos. No son únicamente quienes brindan atención a otros; también necesitan condiciones dignas de vida, acceso al autocuidado, a la salud, al trabajo y al descanso”, expresó.
La activista informó que actualmente el colectivo agrupa a 890 mujeres cuidadoras y 25 hombres cuidadores, aunque estimó que la cifra real en la entidad supera ampliamente esos números y podría rebasar las mil 500 personas conforme avance la implementación de mecanismos de identificación y atención.
Añadió que durante los trabajos realizados para la construcción de sistemas municipales de cuidados se ha detectado una importante participación de personas adultas mayores que ejercen labores de cuidado tanto de menores de edad como de otros adultos dependientes.

La presidenta del colectivo destacó que uno de los principales retos será ahora traducir el reconocimiento constitucional en políticas públicas concretas que permitan mejorar la calidad de vida de quienes realizan estas actividades de manera permanente.
Asimismo, consideró que la reforma obliga a las autoridades estatales y municipales a generar acciones que atiendan las condiciones de precariedad que enfrentan miles de cuidadoras, quienes frecuentemente ven limitados derechos básicos como el empleo, el descanso, la atención médica y el desarrollo personal.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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