SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 13 de febrero de 2020.- Llovieron protestas en el Congreso del Estado de comerciantes por presunta represión; abogados en exigencia a la elección del Fiscal Anticorrupción por convocatoria ciudadana, y trabajadores del Cecyte solicitando la intervención por presunto desvío de más de 50 millones de pesos por parte de directivos en el Sistema.

Los primeros en llegar al Pleno Legislativo fueron comerciantes recién desalojados de la calle Manuel José Othón, quienes exigieron a los legisladores un juicio político en contra del presidente municipal de esta ciudad, a quien acusaron de represión, violencia y discriminación a las mujeres comerciantes.

Según señaló Ernesto Flores Alvarado, el Gobierno Municipal «rompió» una tradición de 40 años, y además, lo hizo de manera violenta, sobre todo en contra de las mujeres.

En representación de otros comerciantes del lugar, especificó que hay disposición de conciliar, pero siempre en respeto a las «tradiciones» y costumbres, en referencia al comercio ambulante que ofrece artículos según las celebraciones o festividades.

El segundo bloque de manifestantes lo dirigía David Mendoza Pineda, secretario del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Cecyte, quienes pidieron la intervención de los legisladores para la investigación y resolución de una deuda de más de 50 millones de pesos que directivos del sistema tienen con la plantilla laboral, que la conforman cerca de 700 trabajadores entre maestros y administrativos.

La visita al Palacio Legislativo, fue luego de acudir a la Fiscalía General del Estado, donde interpusieron una denuncia por actos de corrupción, abuso de autoridad y peculado, debido a que el recurso etiquetado para el Cecyte, se utiliza para «otros conceptos».

Mendoza Pineda, explicó que entre otras irregularidades, al trabajador se le descuenta el Impuesto Sobre la Renta (ISR); el pago de seguridad social; Fovissste; préstamos personales del ISSSTE, que se les descuenta pero la institución no reporta la retención.

Finalmente, la Barra de Abogados, que dirige Javier Batres Esquivel, también llegó acompañado de algunos integrantes que conforman las asociaciones de los profesionistas en San Luis Potosí, para solicitar la prórroga en la emisión de la terna que definirá al próximo Fiscal Especializado en delitos de Corrupción, pues apoyan la reforma en la Ley, a fin de que la titularidad del cargo se dé a través de una convocatoria ciudadana.