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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 17 de septiembre de 2019.- Las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) fueron liberadas por mandamiento judicial que otorgó el Juzgado Octavo a través de un amparo donde exige atender a víctimas de delitos, esto desató el enojo de manifestantes que mantenían el plantón desde hace 35 días en esta dependencia de la capital potosina.
Para tal efecto fueron utilizados agentes de seguridad, quienes rompieron los candados de la dependencia para permitir el acceso al público, desatando la furia de los protestantes; pese a ello permanecen afuera del lugar y advirtieron habrá denuncias penales contra el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, además de que pedirán la intervención de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
“La verdad es que respetamos el derecho a la manifestación, este actuar tiene un amparo que señala debemos dar atención a las victimas dentro de las oficinas; hemos planteado otorgar esencialmente ahora el tratamiento psicológico que se ha visto suspendido”, dijo a medios de comunicación el titular de la dependencia, Jorge Vega Arroyo.
Asegura que no se trata de un desalojo, sino que el dialogo sigue abierto para sentarse con las víctimas, con quienes se han reunido sin lograr acuerdos de entendimiento para darle solución a sus planteamientos, que principalmente estriban en la exigencia de reparación del daño para cada uno de sus casos.
Una de las principales demandantes en esta manifestación, es María de Jesús Almendarez Prieto, quien encolerizada reclamó la medida al titular de la CEEAV y acusó no han sido atendidas las demandas de ella y sus acompañantes; la trabajadora del Gobierno Estatal pide cerca de dos millones de pesos como reparación del daño
“Es una violación muy grave a nuestros derechos humanos, nos vamos a ir derechos internacionales, no hay diálogo y hasta quieren separar el grupo con sus despensas, yo se las regalo y no se las estoy pidiendo… el estado nos violó nuestros derechos humanos, ahora repárenos el daño”, exclamó María de Jesús.
Vega Arroyo externó que la manifestación puede seguir, pero el mandato legal debe acatarse porque el resto de víctimas también tienen derechos y la fecha se han afectado a varios cientos de personas que asistían a tomar terapia psicológica.