Ley no protege diseños textiles de grupos originarios

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, 9 de julio 2021.- De acuerdo con la Antropóloga, Minerva Arellano, no existen leyes concretas que protejan las creaciones de artesanos originarios en el país, por lo que grandes consorcios se adueñan e industrializan productos impunemente, generando ganancias.

San Luis Potosí, cuenta con pueblos autóctonos como los tének, huicholes y pames, mayormente reconocidos, estos en su mayoría se dedican, a la artesanía y confección de ropa, cuyos diseños están presentes en bastantes estados del país.

La insistencia de estos actos es un peligro no solo para la economía local, sino para la preservación cultural de los pueblos originarios, mismo que han venido en declive como los pápagos y yakis, al norte del país.

De acuerdo con un análisis de sinembargo.mx, hasta el año 2019, 23 marcas internacionales se han apropiado de manera ilegal de diseños de diversas comunidades indígenas, que van desde Oaxaca, Chiapas e Hidalgo.

En San Luis Potosí artesanos de ropa tradicional argumentan que si bien, sus productos artesanales son conocidos los diseños que tradicionalmente realizan no están sujetos a ninguna ley de derechos de autor o protegidos ante el robo por imagen.

Una artesana de Aquismón, ubicada en el pasaje peatonal de la calle Universidad, en el Centro Histórico, comentó para este medio, que ella no tiene conocimiento sobre si hay alguna ley que proteja la labor que realiza, así mismo desconoce la situación en la que se envuelven estos casos de plagio.

La señora Patricia, comerciante proveniente de Oaxaca quien se ubicada en mercado de la Merced, en el Jardín Colón, explicó que es muy común que empresas trasnacionales roben diseños originarios sin pagarles algo a cambio, esto debido a la proliferación de imágenes en la red y el abaratamiento de costos.

De acuerdo al INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas), el plagio de estos diseños representa no solamente una pérdida material, sino que forma parte de un robo intelectual, de expresión artística y cultural al violar sus derechos colectivos, y que de acuerdo al artículo 31 constitucional “es un derecho de las comunidades mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural”.