La Guardia Nacional un paso más para combatir la inseguridad

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 11 de marzo de 2019.- Los diputados coordinadores de los Grupos Parlamentarios MORENA, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, coincidieron en los beneficios en materia de seguridad al aprobar la reforma constitucional federal en relación a la Guardia Nacional.

El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, manifestó que esta reforma fue el resultado de los trabajos realizados al interior del Congreso de la Unión para lograr acuerdos que permitieran atender el problema de la inseguridad reforzando “la naturaleza civil de la guardia nacional” y evita la constitucionalización de la seguridad pública militarizada.

El diputado Edson de Jesús Quintanar, coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, manifestó que con la aprobación se pondrá en marcha un plan integral en materia de seguridad para el país, y que fue avalado primero en el Congreso de la Unión, y después por los congresos locales, a los que hoy se suma el de San Luis Potosí.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado José Antonio Zapata Meráz, reconoció el esfuerzo de la sociedad civil y de los partidos de oposición para lograr que la Guardia Nacional tuviera un mando de carácter civil y precisar los tiempos en que la política de seguridad puedan intervenir las fuerzas armadas.

La diputada Paola Arreola, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconoció el trabajo de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside, para presentar a la brevedad este dictamen por el que se crea la Guardia Nacional, que vendrá a abonar en la construcción de planes efectivos contra la delincuencia.

Finalmente, el diputado Eugenio Govea, Representante Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, indicó que con esta reforma aprobada, la Guardia Nacional ahora es un órgano de seguridad pública de carácter civil, señalado así expresamente en el artículo 21, cuyos fines son, entre otros, salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.