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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 25 de julio de 2019.- Como inexplicable, calificó Sonia Mendoza Díaz, el argumento de su homologa Alejandra Valdés Martínez, de no haberse dado cuenta en qué momento autorizó un salario de 50 mil pesos mensuales a su exasesor, Paul Ibarra Collazo, generando versiones de supuestos moches o devoluciones directas de dinero a la legisladora morenista.
No obstante, la presidenta de la mesa directiva pide no generalizar las acusaciones por esas malas prácticas en el poder legislativo potosino; enfatizando que el conflicto entre Valdés Martínez y su excolaborador es un asunto particular y el Congreso del Estado no tiene injerencia para actuar o pedir investigaciones, porque además no hay una denuncia ante la mesa directiva por esa circunstancia.
Añadió que los sueldos de los asesores los establece la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y reitera que es un caso que deberá resolverse entre las partes involucradas, pidiendo reiteradamente no inmiscuir a más legisladores.