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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 3 de agosto de 2020.- Se impugnó el nombramiento de la contralora de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rosalba Salazar Miranda, por uno de los ex contendientes a este cargo.
Este lunes Carlos Castillo Rodríguez, integrante del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí A.C. -quien participó en el proceso de selección-, informó que acudió ante el Juzgado Segundo de Distrito por un error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, pues la contralora tiene vínculos directos con el delegado federal de la Secretaría del Bienestar, Gabino Morales Mendoza y que además es militante de Morena, por lo que hay un conflicto de intereses, pues la funcionaria no va a sancionar a los servidores públicos pertenecientes a su partido.
Y con ello Castillo Rodríguez consideró que se violó el artículo 89 de la Ley de Fiscalización, pues aquí se establece que para ser titular del órgano de Control Interno se requiere no desempeñar o haber desempeñado algún cargo de dirección en un partido político y que la nueva contralora ocupó un cargo en la asamblea de Morena en San Luis Potosí.
Castillo Rodríguez aseguró que esto es una farsa de los legisladores y que a todos los involucrados se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado que claramente prohíbe que cualquier servidor público que haya ocupado puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no puede ni debe pertenecer a ningún instituto político.
El Juicio de Amparo se tramita en el Juzgado Segundo de Distrito y se tiene como autoridad responsable de los actos reclamados al Congreso del Estado.