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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 29 de septiembre de 2020.- Este martes, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Luis Potosí dio a conocer el informe de resultados del procedimiento de auditoría realizado por sobre los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020.
María del Socorro Salazar, integrante de la Dirección, señaló que durante los ejercicios 2018-2019 y de enero al 23 de junio de 2020, el grupo autodenominado «La Gallardía» estuvo al frente de la dirección estatal del PRD en el manejo de las finanzas, así como en la conducción política y administrativa.
Informó que como antecedentes se tiene que el 23 de junio de este año, la Dirección Nacional Extraordinaria intervino política, financiera y administrativamente al PRD San Luis Potosí al nombrar a una dirección Estatal Extraordinaria. Ese mismo día fueron registradas 14 operaciones por un monto de 425 mil 400 pesos.
Añadió que el 26 de junio, la Coordinación Nacional de Patrimonio y Financias del partido a la entidad a realizar el proceso de entrega recepción, en el que se muestra que las cuentas del partido en el estado se encontraban en cero.
Recordó que el 1 de enero al 23 de junio de este año, el PRD recibió la cantidad de 5 millones 773 mil 328.22 pesos por concepto de financiamiento público.
Entre el 23 de marzo, día que inició la jornada Nacional de Sana Distancia, y el 30 de marzo, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara la emergencia santiaria, se registraron 64 operaciones con proveedores por un millon 192 mil 953.72 pesos, y que consistieron en supuestas remodelaciones, asesorías, renta de vehículos, capacitaciones y cursos.
Por lo que la Dirección Estatal Extraordinaria determinó realizar una auditoría a las finanzas del partido durante el periodo 2018-2020 ante la presunción de diversas irregularidades en el manejo, control y operacion de las cuentas.
Sergio Leiva, integrante de la Dirección, que el informe de resultados de la auditoría muestra que hay operaciones subregistradas durante dicho periodo en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que se tienen registradas 3 mil 200 operaciones por un valor de 28 millones 479 mil 060.40 pesos.
También fueron detectadas operaciones irregulares con financiamiento público de un total de 15 millones 62 mil 678.20 pesos correspondiente a 511 operaciones observadas.
«Se presume que son operaciones irregulares con financiamiento público porque no existe evidencia plena de la prestación de los servicios o la recepción de los bienes en los expedientes del partido, porque los expedientes no cuentan con la documentación completa», indicó Leiva.
Asimismo, refirió que en la mayoría de las operaciones los precios se encuentran fuera del valor del mercado; cuatro empresas registran servicios fuera del objeto establecido en sus actas constitutivas y registro como proveedores del INE y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Añadió que en las 511 operaciones observadas participaron 27 personas morales por un valor de 10 millones 346 mil 118.28 pesos, 28 personas físicas por 4 millones 267 mil 298.09 pesos y tres medios de comunicación por 449 mil 261.60 pesos.
Leiva indicó que con este ejercicio se sienta un procedente al ser un ejercicio inédito en el sistema de partidos, tanto por la complejidad de los hechos, como por la naturaleza de la auditoría.
«Se está auditando recursos públicos, y por públicos decimos de todas y todos. Esta es la primera vez que un partido político en el sistema de partidos en México audita sus finanzas y rinde cuentas a la opinión pública y a la ciudadanía», reiteró.
Respecto a los medios de comunicación, Fernando Carreño Herrera, representante del partido ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), indicó que con uno de los medios de comunicación se detectaron 15 operaciones irregulares por un monto total de 368 mil 300 pesos, ya que difunden actividades del funcionario público Ricardo Gallardo Cardona, ex dirigente del partido y hoy diputado Federal.
«Esto podría resumirse como promoción personalizada de esos servidores públicos (…) no son campañas institucionales, no fijan una campaña de afiliación con las propuestas concretas del PRD, sino que son supuestas notas periodísticas de las actividades de un funcionario público», mencionó.
Con el segundo medio también fueron detectadas cinco operaciones irregulares con un monto total 77 mil 064 pesos, en las cuales no se logró identificar la evidencia sobre el tipo de publicaciones realizadas por el medio.
También se detectó que una persona contratada por el partido para la parte contable, constituyó dos empresas que recibieron servicios del partido, a su vez que la socia de este constituyó una tercera empresa. Por lo que las tres empresas recibieron, durante el periodo de la auditoría, operaciones por 3 millones 693 mil 079.28 pesos.
Esto contrabiene las medidas establecidas por el INE, pues se señala que que los funcionarios y servidores públicos están impedidos de realizar coordinaciones donde sus intereses personales laborales económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones propias de su cargo.
Ante estos hechos, Leiva informó que de manera inmediata se dará vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Añadió que debido a la complejidad y naturaleza de los hechos, así como las futuras acciones legales del PRD no se realizarán declaraciones del partido, hasta días próximos.
Por su parte, Arturo Prida Romero, delegado político del PRD en la entidad, comentó que se analizan los procesos a realizar en materia penal y civil, pero no se podrán revelar mas datos a fin de no entorpecer las investigaciones.
«Todo este asunto va a llevar un cauce en legal. Quién sea el responsable para tener que pagar, serán preparadas denuncias para quien tenga culpa en este asunto», finalizó.