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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 15 de noviembre de 2024.- La justicia penal en San Luis Potosí atraviesa una grave crisis de eficiencia, según el informe Hallazgos desde lo local 2023, elaborado por México Evalúa en colaboración con la Red Justicia, destacando que siete de cada diez carpetas de investigación abiertas en 2023 aún permanecen en trámite, reflejando una de las mayores tasas de congestión en el país.
Solo tres de cada diez carpetas han sido resueltas, dejando miles de casos pendientes y erosionando la confianza en el sistema judicial local.
Aunque San Luis Potosí figura entre los diez estados con más denuncias en México, apenas el 77 por ciento de los casos generan una carpeta de investigación, cifra que se encuentra por debajo del promedio nacional de 90 por ciento.
Esta baja tasa es un indicativo de las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia. De acuerdo con el informe, el 92.8 por ciento de los delitos en el estado no son denunciados.
Las principales razones incluyen la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo (30.2 por ciento), la desconfianza en las autoridades (20.6 por ciento) y la creencia de que los delitos son poco importantes (12.4 por ciento).
La crisis no solo afecta a las víctimas, sino también a los acusados. En San Luis Potosí, el 67.3 por ciento de las personas encarceladas no han recibido una sentencia, posicionando al estado como el segundo con mayor porcentaje de personas en prisión preventiva en México, solo detrás de Tlaxcala.
En 2023, el 71 por ciento de los acusados fueron enviados a prisión preventiva, una medida que, según expertos, debería ser revisada para proteger los derechos humanos y evitar el abuso de esta práctica.
“La prisión preventiva debe ser utilizada como último recurso, no como una regla general. Este abuso refleja la sobrecarga e ineficiencia del sistema judicial”, comentó Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.
A pesar de que el Índice de Capacidad Institucional otorgó a San Luis Potosí 740 puntos de un estándar de mil, posicionándolo en el quinto lugar a nivel nacional, el informe subraya la urgente necesidad de reformas.
Entre las recomendaciones más destacadas se incluyen:
• Crear una plataforma integrada para mejorar el sistema de información.
• Analizar las causas de la duración de los juicios orales.
• Promover el uso de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.
• Implementar políticas para aumentar la conversión de denuncias en investigaciones efectivas.