Familias potosinas piden justicia para sus hijos en Paseo de la Reforma

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 6 noviembre 2020.- Dos familias originarias de San Luis Potosí se manifestaron en la emblemática avenida Paseo de la Reforma de la capital del país, el movimiento surgió por dos madres que exigen justicia para su hijos, uno asesinado y en el otro caso, por el tema de una menor que según su dicho fue agredida sexualmente en un plantel educativo.

Frente al monumento +43, que está ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Bucareli en la ciudad de México, denunciaron que autoridades no cumplieron con los acuerdos que tuvieron el pasado 3 de septiembre,   después de haberse retirado de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde mantenían una protesta.

Marcela Alemán Cuello y Silvia Castillo Hernández, son las madres que exigen justicia al Gobierno Federal.

En el caso de Silvia Castillo, clama que el asesinato de su hijo no quede impune,  mencionó que las autoridades de San Luis Potosí y el Gobierno Federal se han burlado de ella al no brindarle apoyo, ya que le prometieron que iban a pagar un detective privado para que investigara la desaparición de su hijo.

«Lo que quiero es justicia, lo que me tiene aquí es para mi niño, porque no puedo vivir con uno de sus asesinos a cuatro casas de la mía», expuso Silvia Castillo.

Marcela Alemán y Roberto Lubin, padres de la otra menor, declararon  a los medios que su hija fue violentada sexualmente en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, la madre exige a las  autoridades que no se debe hacer pequeño un asunto que es tan importante para ellos como padres.

«Ya estamos cansados de ser la burla de un gobierno indolente, son menores de edad, nos han robado todo y seguimos buscando justicia, pedimos a la autoridades actúen, que las personas que violentaron la infancia de mi hija paguen, porque lo que queremos es justicia y no dejaremos de luchar hasta que se haga», exclamó.

Según información de Excélsior, destaca que los hechos ocurrieron en el colegio Luis González Urbina y los padres tuvieron que abandonar el estado tras ser amenazados de muerte, pidiendo asilo político en otro país.