Falta acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en SLP: Colectiva ILE

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 05 de noviembre de 2025.–A un año de que se aprobara la Interrupción Legal, Voluntaria e Informada del Embarazo en San Luis Potosí, la Colectiva ILE advirtió que, pese al avance legal, persisten graves obstáculos que impiden a las mujeres y personas gestantes acceder de manera real y segura a este derecho.

En rueda de prensa, las integrantes del colectivo señalaron que la reforma aprobada en 2024 representó un logro histórico impulsado por años de lucha feminista y acompañamiento legal.

“Hoy seguimos celebrando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero el acceso real sigue siendo limitado. No basta con despenalizar si los hospitales no brindan el servicio, si falta personal capacitado o si se niega información a las usuarias”, expusieron las voceras de la colectiva.

En abril de este año 2025, se dio a conocer el caso de una joven que fue encontrada sin vida al interior de una camioneta en la Colonia Fovissste de la capital potosina, quien acudió a un consultorio a realizarse la interrupción de un embarazo.

Según lo reportado públicamente, familiares de la joven buscaron atención médica para realizar un procedimiento de legrado.

Sin embargo, ante presuntas complicaciones, el médico abandonó el consultorio, dejando a la paciente bajo el cuidado de una asistente sin las condiciones adecuadas. Al arribar la policía y los servicios de emergencia, la joven ya no contaba con signos vitales.

Como parte de una investigación realizada durante 2025, la Colectiva ILE solicitó información oficial a los Servicios de Salud y realizó visitas a hospitales de la zona metropolitana para contrastar los datos reportados.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia del pasado 22 de octubre, la dependencia estatal informó que solo nueve hospitales o unidades médicas ofrecen el servicio de interrupción del embarazo.

Al verificar en campo, el colectivo constató que uno de esos hospitales —el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez (IMSS-Bienestar)— no realiza el procedimiento, debido a que la mayoría de su personal se declaró objetor de conciencia.

“El personal médico del hospital reconoció que no practican interrupciones del embarazo y canalizan a las solicitantes al Hospital del Niño y la Mujer, argumentando falta de personal no objetor”, señalaron las activistas.

El contraste de datos también reveló que en hospitales clave como el Hospital General de Ciudad Valles, 10 de 17 profesionales son objetores de conciencia, lo que limita gravemente la disponibilidad del servicio.

En total, casi uno de cada tres médicos de las unidades habilitadas se negó a realizar el procedimiento.

Durante el encuentro, las integrantes de la Colectiva ILE también dieron a conocer el estado de las dos iniciativas ciudadanas que presentaron en noviembre de 2024 ante el Congreso del Estado para fortalecer el marco legal en materia de derechos reproductivos.

La primera iniciativa busca reformar el artículo 150 del Código Penal para ampliar las causales de exclusión de responsabilidad penal por aborto, incluyendo situaciones como pobreza extrema, negación de servicios médicos, delitos sexuales o riesgo grave para la salud.

La segunda propone modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reconocer como una forma de violencia institucional la negación u obstaculización de los servicios de ILE.

A casi un año de haber sido presentadas —con los turnos legislativos 443 y 495—, ambas iniciativas siguen sin dictaminarse, pese a que las comisiones correspondientes ya recibieron opiniones de la Fiscalía General del Estado y de los Servicios de Salud.

“Lo preocupante es que las instancias del Congreso no han convocado a las promoventes a participar en el análisis, como marca la Ley de Participación Ciudadana. Exigimos ser parte del proceso y que se garantice la voz de las mujeres en el debate legislativo”, puntualizaron.

Finalmente, la Colectiva ILE subrayó que la lucha por la interrupción legal del embarazo no termina con su despenalización, sino con su aplicación efectiva en todo el estado.

“Un derecho que no puede ejercerse en la práctica no es un derecho real. Las mujeres potosinas siguen enfrentando trabas, desinformación y prejuicios institucionales. Por eso seguiremos vigilantes y exigiendo su cumplimiento”, concluyeron.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
Síguenos en: Facebook | WhatsApp | X | Instagram | YouTube