Exhibe juez oral ineficacia de la FGE en caso de fardera

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., a 5 de febrero de 2019.- La mañana de este lunes, en la sala 5 del Centro Regional de Justicia Penal de San Luis Potosí, se efectuó la audiencia de control de una mujer detenida hace unos días en la tienda departamental Liverpool de Plaza San Luis, por el presunto robo de prendas por un monto de 21 mil 591 pesos, en cuyo caso el juez oral resaltó la ineficacia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones y en las acusaciones contra la imputada.

De acuerdo con información recabada en la audiencia, el pasado 1 de marzo la mujer ingresó acompañada de un hombre a Liverpool, de donde extrajo nueve playeras marca Calvin Klein, con un valor unitario de 2 mil 399 pesos.

La mujer fue detenida por personal de seguridad del establecimiento, quienes dieron parte al sistema de emergencias 911 y enseguida se presentaron en el lugar, como primeros respondientes, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), pues el representante legal de la empresa dijo procedería legalmente en contra de la fémina, por lo que quedó a disposición del juez competente.

La mujer, de acuerdo con la Fiscalía, dijo llamarse Andrea “N”, quien fue llevada certificar medicamente, pero ella no firmó el documento y enseguida fue trasladada a los separos de la Policía Ministerial donde fue interrogada sobre sus datos personales y donde dijo llamarse Verónica “N”, originaria de Ecatepec, estado de México.

Sin embargo, ante la evidencia de los hechos y de que la parte acusatoria aportó testigos, se acreditó que la detención fue legal, por lo que en esa misma audiencia le fue imputado el delito de robo calificado, razón por la que el juez la vinculó a proceso.

La Fiscalía solicitó como medida cautelar que la mujer fuera puesta bajo prisión preventiva oficiosa porque había dado dos identidades, sin embargo, la defensoría pública argumentó que no era delito cambiar de nombre, aunado a que el domicilio era correcto.

En este sentido, el juez oral, dio la razón a la defensa de la acusada, explicando que la Fiscalía había presentado el caso con severas deficiencias, por lo que se denegaba la prisión preventiva oficiosa.
No obstante, la FGE reformuló la petición de las medidas cautelares y solicito al juez que la acusada se presentara a firmar cada mes, además de prohibirle su salida del país.

La presunta deberá presentarse a firmar en la delegación de Atzcapotzalco, en el Estado de México en lo que se lleva la investigación complementaria para la que el juez fijo un plazo de dos meses y será cuando se determine su responsabilidad en el hecho ocurrido, donde, de ser sentenciada podría alcanzar una pena de seis a 10 años de cárcel, por el delito de robo calificado.