Regidores de SLP y animalistas cierran filas en primera mesa de trabajo
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 22 de marzo de 2019.- Muy puntuales, a las nueve de la mañana, activistas a favor del aborto y miembros del Frente Nacional por la Familia llegaron al recinto del Poder Legislativo con la intención de manifestarse a favor y en contra de la iniciativa para la interrumpir el embarazo sin criminalizar a las mujeres, como respuesta a la iniciativa de la diputada de Morena, Alejandra Valdez Martínez sobre este tema, con el apoyo de la activista Arely Torres Miranda.
Con paliacates en color azul, mantas, fetos de plástico y hasta rosarios con fetos, los integrantes del Frente Nacional por la Familia “mayoritearon” en el Congreso, sin embargo, pese a ser un grupo reducido, las mujeres que portaban paliacates en color verde se mostraron firmes y valientes ante las condenas de las personas que se pronunciaron a favor de la vida.
Minutos más tarde los diputados arribaron al pleno; a la diputada que presentaría la iniciativa que se le vio llegar en con un saco negro y una blusa color verde en el tono de los paliacates que portaban las proabortistas, más tarde cambió su atiendo por una playera negra con la leyenda «ni una menos», peros sus aretes y accesorios permanecieron en tonalidades verde.
En orden y con paciencia, ambos grupos antagónicos esperaron el turno de la iniciativa vigésimo quinta (25), para levantarse y comenzar a protestar. Cerca de las 11:45 de la mañana, fue llamada a tribuna a la legisladora morenista. «Desde que tenemos la primera menstruación, vivimos con miedo de un embarazo… » inició la diputada Alejandra Valdés, mientras los pro-vida estallaron en la manifestación agitando sus paliacate azules y gritando «asesinas», «vida sí, vida sí», al tiempo que se leía el contenido de la iniciativa.
«Para despenalizar el aborto en puntos bien definidos, en los aspectos de que si las mujeres son violadas, o que tengan males congénitos o que esté en peligro la vida de la madre y el producto se llevaría a cabo el aborto, pero con eso en específico» dijo la legisladora.
Minutos antes, Juan Carlos Torres, representante estatal del Frente Nacional por la Familia comentó que en investigaciones realizadas con el Sector Salud del Estado, el aborto no figura dentro de un problema de salud pública, sino que las causas de aborto en San Luis son debidas al cáncer de mama y a la diabetes.
Descartó que en el estado existan abortos clandestinos y por ende una legalización, pues aseguró que no se puede legislar sobre datos que no existen, pues afirmó que no hay datos que hablen sobre esta situación, «no hay abortos clandestinos en San Luis Potosí, lo que nosotros estamos diciendo es que no existe un problema de salud pública referente al aborto, no hay datos; existen problemas que son más importantes como es el cáncer de mama que necesita más recursos para poder ser detectados realmente, las reformas de salud pública deberían estar enfocadas a esos problemas y no problemas que no existen», opinó.
A lo que la diputada, cuestionada al respecto, indicó que si bien no hay estadísticas oficiales al respecto, no puede ignorarse que el problema existe, ocurre y mata mujeres, «las estadísticas dicen que alrededor de 4 mil mujeres abortan en un año de manera clandestina» indicó y mencionó que su este dato no existe en la Secretaría de Salud se debe a que son practicados de manera clandestina y por este motivo están muriendo las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
La activista María Gloria Aguilar integrante del grupo lésbico Chavela Vargas y el colectivo Mutelas, que significa Mujeres Tejiendo Lazos de Solidaridad indicó que lo que se busca con la ley es que no sé criminalice a las mujeres que abortan, además de evitar que incremente el índice de mortalidad por abortos clandestinos.
Sostuvo también que de no aprobarse el aborto y criminalizar a la mujer que lo hace, es un retroceso para el estado donde nació la democracia y consideró que los hombres no deben opinar en este tema, pues al nunca haber padecido un cólico menstrual no pueden emitir una opinión en contra, únicamente a favor.
“Da lástima que los hombres sean los que opinen siendo que ellos nunca han tenido un cólico menstrual. A favor sí, en contra no… si un hombre tuviera un cólico menstrual entendería lo que significa exponerse a un aborto clandestino, es una cuestión de salud pública y no de libertinaje sexual», expresó.
Una vez presentada la iniciativa, se turnó a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Igualdad y Género; y Salud y Asistencia Social y poco a poco los ánimos se fueron enfriando en el recinto del Legislativo. Poco a poco integrantes de ambos grupos abandonaron el recinto, algunos pasaron al baño antes de retirarse y fue ahí donde la impulsora de la iniciativa Arely Torres, se enfrentó con integrantes del grupo Pro Vida: «Nos dijeron que estamos asesinando» relató la activista.
Y aseguró que lo primero que se debe tener en cuenta es el proceso de desarrollo de las células y la diferencia que existe entre células, fetos y zigotos. «No estamos hablando de bebés, ni de desmembrar, ni cosas así, estamos hablando de un acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, estamos hablando de los índices de criminalización de las mujeres en el estado, de los embarazos producto de violaciones; entonces creo que estamos hablando de cómo debemos garantizar que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud y educación sexual y reproductiva libres de estigmas» dijo.
Mencionó que por vivir en un estado laico se debe promover la separación de temáticas, dejar de lado las creencias religiosas y atender el tema desde el punto de vista médico y jurídico, pues afirmó que aunque parezca un tema poco visible, quienes se dedican a canalizar estos casos a la Ciudad de México para que se aborte en condiciones seguras, conocen de primera mano los casos y la criminalización de la que son víctimas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
De igual forma la diputada Alejandra coincidió en que para legislar en el tema habrá que dejar de lado las creencias políticas y religiosas y verlo como un problema social y de derechos individuales.