Enfrenta la UASLP crisis por denuncia de agresión sexual

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 21 de octubre de 2025.-La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una crisis tras la denuncia de una presunta agresión sexual ocurrida en las instalaciones de la Facultad de Derecho, un hecho que ha encendido alertas dentro y fuera del campus.

Los hechos

Según se reportó, el viernes 17 de octubre de 2025, una estudiante de Derecho fue víctima de una presunta violación dentro de los baños del plantel, en un incidente donde habrían participado tres alumnos de la universidad y una persona externa.

De acuerdo con la denuncia, los jóvenes pertenecían a una organización estudiantil y habían consumido alcohol y marihuana dentro del campus antes del ataque. La víctima habría sido acosada y posteriormente agredida, sin que personal de seguridad o académico interviniera.

Tras conocerse el caso, este lunes alumnas y alumnos realizaron manifestaciones y bloqueos vehiculares para luego entregar un pliego petitorio de siete puntos a las autoridades universitarias.

La UASLP respondió con un comunicado en el que afirmó que “no se solapará ningún acto que contravenga los derechos universitarios ni la dignidad de las personas” y aseguró que colabora con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones de los hechos.

Por su parte, la el Gobierno Estatal a través del secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, declaró que “la institución debe garantizar la seguridad de los alumnos y se tiene que investigar con rigor”.

¿Por qué importa y qué está en juego?

El caso ha despertado interés porque evidencia los riesgos en los entornos universitarios, donde se espera, los jóvenes acudan con seguridad y acompañamiento.

Sin embargo, entre 2019 y 2025, se registraron 55 denuncias por delitos sexuales en escuelas de San Luis Potosí, de las cuales solo existen siete sentencias, según datos oficiales.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) documentó 46 quejas en el primer cuatrimestre de 2025 por posibles violaciones a derechos humanos en el ámbito escolar, relacionadas con acoso, abuso, maltrato y omisiones institucionales.

La situación plantea cuestionamientos sobre la efectividad de los protocolos y la responsabilidad de las autoridades educativas en la prevención de agresiones dentro de los planteles.

Por el momento, este martes la comunidad universitaria se declara en paro y ha informado que marchas y plantones continuarán en diversos puntos de la capital potosina.

Derivado de la denuncia una serie de medidas han sido anunciadas por parte de las autoridades:

• El lunes la UASLP: informó que aceptó el pliego petitorio estudiantil y que atenderá cada punto conforme a la normativa universitaria e informó que entregó grabaciones de videovigilancia a la Fiscalía para colaborar en la investigación.
• Gobierno del Estado: reiteró la necesidad de investigar tanto a los presuntos responsables materiales como a la institución, como “responsable de garantizar la seguridad de los jóvenes”.
• CEDH: exhortó a la SEGE a implementar protocolos y estrategias de protección en todos los niveles escolares, para evitar la acumulación de quejas sin resolución.
• Este martes la UASLP anunció la expulsión definitiva de dos estudiantes de la Facultad de Derecho, la destitución de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena Beatriz González Vega y la renuncia del director de la Facultad, Germán Federico Pedroza Gaitán.

Pero ¿qué hace falta para garantizar espacios seguros?

Especialistas señalan ejes de acción como protocolos claros y sanciones efectivas; capacitación continua del personal docente, administrativo y de seguridad; transparencia para evitar la impunidad; cultura institucional de respeto y prevención, que no normalice el acoso o la violencia; coordinación entre fiscalía, autoridad educativa y universidades.

El caso de la UASLP revela que incluso en los espacios universitarios puede haber fallas en la protección y prevención de violencia de género. La respuesta institucional debe ir más allá de los comunicados: exige acciones, resultados y sanciones claras.

La confianza depende de que las universidades sean espacios seguros, donde el derecho a estudiar esté acompañado de respeto, justicia y prevención.

Siguiendo la política editorial de Quadratín, esta nota no emite juicios ni atribuye responsabilidades individuales sin fundamentos claros. Su intención es informar con un enfoque ético y promover la concientización.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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