El rostro femenino de la política en San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 8 de marzo 2021.- El 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas emitieron por primera vez su voto en una elección federal, después de décadas de lucha ininterrumpida para lograr que sus derechos ciudadanos fueran reconocidos plenamente.

Aunque los antecedentes en la lucha del voto femenino en el país se remontan hasta 1853, cuando un grupo de mujeres zacatecanas solicitaron al gobierno ser reconocidas como ciudadanas.

San Luis Potosí también fue uno de los estados pionero en el ámbito nacional al ser la primera entidad del país en reconocer el derecho al sufragio a las mujeres. Fue el 8 de enero de 1923, cuando la XXVII Legislatura del estado expidió el Decreto Número 103, para modificar la Ley Electoral y reconocer a las mujeres potosinas como “electores con derecho a ser inscritas en el censo electoral”.

A nivel nacional, sería hasta el 17 de octubre de 1953.

Esto después de que el 6 de abril de 1952, en un acto proselitista, el entonces candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, se comprometió ante 20 mil mujeres a otorgarles derechos ciudadanos plenos si votaban por él en las elecciones.

Mujeres en la política de SLP

San Luis Potosí tuvo como primera alcaldesa a María del Socorro Blanc Ruiz, quien asumió el cargo como presidenta municipal interina de la capital del Estado en 1955. Además de ser la primera mujer en tal cargo para la entidad, también se convirtió en la primera mujer en llegar a tal posición en toda la República Mexicana.

Al ser miembro del PRI desde su juventud, su militancia la llevó a alcanzar la presidencia municipal, así como un curul en el Senado por el estado en 1992, y haber tenido un contacto cercano con algunos presidentes del país que pertenecían al partido.

Blanc Ruiz es recordada como uno de los personajes más emblemáticos defensores de los derechos electorales de las mujeres.

Mientras que la primera regidora municipal en la historia del estado fue Matilde Cabrera Ipiña, después de que el entonces gobernador Gonzalo N. Santos le ofreciera tal cargo para el Ayuntamiento de la capital en 1955. Asumió su posición en el cabildo a los 55 años, con la misión de trabajar en los parques y jardines de la ciudad, así como el control de teatros y cines.

No obstante, a la mitad de su periodo, el gobernador Manuel Álvarez López le solicitó su retiro del cargo para aceptar un curul en el Congreso del Estado para el periodo 1957-1960. Por lo que después de la campaña electoral y su triunfo en las casillas se convirtió en la primera diputada local de la entidad.

Desde entonces, las mujeres potosinas han logrado hacerse un lugar en la política, aunque no en una manera tan igualitaria. En el documento Participación política de las mujeres en el Estado de San Luis Potosí (2017) realizado por el TEPJ, señalan que el porcentaje de esta población en el Congreso del Estado nunca ha alcanzado la mayoría.

Durante el periodo 1991-1994 ocuparon apenas el 5 por ciento de los curules, aunque para los siguientes tres años no obtuvieron ninguno de los espacios en el Congreso.

Entre 1997 y 2000 el porcentaje se elevó hasta el 14.8 por ciento, aunque para el siguiente periodo la cantidad de mujeres en el Congreso se redujo hasta el 3.7 por ciento. El número de mujeres en los curules continuó fluctuando en las siguientes legislaciones, con un 18.5 por ciento entre 2003-2006, y un 25.9 por ciento para el período 2006-2009.

“En las elecciones de 2012, únicamente 5 (18.5%) mujeres ocuparon uno de los 27 escaños que integran el Congreso. El número aumentó a 9 para el periodo 2015-2018, elevando el porcentaje a 33%. Aunque el crecimiento es importante, el estado se encuentra por debajo de la media nacional, que para 2015 era de 38%”, establecía la TEPJ.

Para el periodo 2018-2021, el Congreso está integrado por 13 mujeres y 14 hombres.

Respecto a los gobiernos municipales, la TEPJ destaca que la brecha de representación es aún más grave, pues de los 58 municipios que integran el estado, para el periodo 2012-2015 solo se tenía a seis mujeres a la cabeza del ayuntamiento, lo que equivale al 10.3 por ciento.

El porcentaje se redujo a la mitad (5.1%) para las elecciones del 2015, pues solo tres mujeres resultaron elegidas como alcaldesas para el periodo 2015-2018 en los municipios de Huehuetlán, Alaquines y Aquismón. Esto ubicó al estado por debajo de la media nacional de ese año, que correspondía al 9.1 por ciento.

Para las siguientes elecciones (2018-2021) los resultados fueron más favorecedores para las mujeres, al resultar electas como presidentas municipales para 16 alcaldías (30%) en Alaquines, Armadillo de los Infante, Catorce, Cerritos, Cerro de San Pedro, Ciudad del Maíz, Coxcatlán, San Ciro de Acosta, Tamasopo, Tampacán, Tamuín, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Villa de Zaragoza y Matlapa.

No obstante, no se ha logrado la paridad en la Gubernatura del Estado, pues nunca se ha tenido a una gobernadora en la historia política de San Luis Potosí, y para los comicios de este año solo se cuenta con dos candidatas para el cargo: Mónica Rangel Martínez por Monera, y Adriana Marvelly Costanzo por MC; quienes competirán en las elecciones frente a siete hombres candidatos.

Urenda Navarro explicó que este proceso electoral puede ser una coyuntura histórica, pero debe verse con un sentido crítico, ya que es importante precisar cuándo se hace un uso instrumental de las candidaturas de mujeres y en función de ello observar si se postulan dichas candidaturas por una convicción al interior de los partidos.

«Habría que ver cuales si realmente responden no a un uso instrumental para [que los partidos] se consoliden en una posición de poder, sino verdaderamente como un proceso real que busca instalar a mujeres en espacios de poder», comentó.

Señaló que esta mirada crítica es necesaria, en función de perfiles de mujeres presentados en las candidaturas. Evaluar cuáles perfiles cuentan con una agenda comprometida con las mujeres o que han apostado por que este sector continúe integrándose al espacio público para aperturar, a su vez, que otras mujeres puedan integrarse.

En caso de que la candidata de Morena o MC quede en la gubernatura, tendrá que observarse si su gabinete es paritario, tanto el legal como el legal ampliado, y si se impulsan reformas sustantivas en materia de derechos humanos para las mujeres, ya que en caso contrario se tratará de perfiles que fueron postulados para instrumentalizar la paridad y «que utilizaron par jalar votos hacia sus sectores poblaciones y no más».

El acceso a los cargos públicos

No obstante, el acceso a los cargos públicos para las mujeres tardaría en llegar pues sería hasta 1979, 24 años después de que se reconociera el sufragio femenino, que México tuviera a la primera gobernadora estatal, Griselda Álvarez.

A pesar de haber transcurrido cerca de 66 años, en la actualidad las mujeres mexicanas continúan en la lucha para aumentar su participación en el ámbito electoral, romper el techo de cristal e implementar políticas públicas para garantizar la equidad de género en todos los ámbitos.

Y las elecciones de este año serán las más grandes en la historia del país, al votarse el 6 de junio a nivel federal 300 diputaciones de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, 15 gubernaturas y 30 congresos locales, así como ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales.

Ante tal panorama, el Instituto Nacional Electoral (INE) quiere lograr que este proceso electoral sea el más paritario del que se tenga registro, pues a lo largo de la historia del país solo siete mujeres han ejercido cargos de gubernatura, frente a 344 gobernadores hombres.

Hay que comprender que la paridad de género no es una acción afirmativa temporal, sino un principio constitucional que tiene el objetivo de lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

“La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública”, establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No obstante, el principio de paridad no fue incorporado en la Constitución sino hasta 2014 bajo el artículo 41, en el que se establece que los partidos políticos deben postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos federales y locales.

“El paso de las cuotas de género 40-60% a la obligación de los partidos políticos de postular en paridad a los cargos de elección popular en la legislatura federal y de las entidades federativas, ha sido el más importante que ha dado nuestro país en relación con los derechos político electorales de las mujeres”, señala la SCJN.

Para la jornada electoral 2020-2021 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG569/2020 para que en las elecciones de este año los partidos políticos postulen al menos siete mujeres en las cinco gubernaturas a votarse.