El ride un negocio clandestino que perjudica a las empresas

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 5 de julio de 2019.- Viajar de un lugar a otro implica gastos y riesgos. Darle un “ride” -o aventón- a alguien no es una actividad ilícita; pero obtener un lucro por la misma acción, llevándola a escalas comerciales, perjudica en su economía a las empresas establecidas que pagan impuestos y constituye una transgresión a la ley, según el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que se reformó en el año 2016 para configurar los Delitos Contra la Prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros.

El traslado irregular de viajeros en la entidad -rumbo a Ciudad Valles, Rioverde y San Luis Potosí- a través de los llamados grupos de rides que operan en Facebook y WhatsApp, es un fenómeno complejo que enfrentan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Policía Federal (PF), al grado que han detectado grupos mafiosos detrás de esta actividad; e implica un impacto económico directo para las empresas legalmente constituidas, además de amplios riesgos para los usuarios que contratan los aventones de una ciudad a otra.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Según el artículo 360 bis del Código Penal del Estado, comete este delito quien sin concesión, permiso o autorización vigente, preste el servicio de transporte público de pasajeros en cualquiera de sus modalidades en las vías de jurisdicción estatal y municipal.

El delito se puede sancionar con una pena de tres a cinco años de prisión; sanción pecuniaria de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 24 mil 666 pesos a 41 mil 110 pesos, así como la suspensión hasta por un año del derecho de conducir vehículos, y en caso de reincidencia, además de la pena de prisión se impondrá la privación definitiva del derecho de manejo.

Estas penas no aplicarán únicamente al dueño del vehículo sino también al chofer o conductor de la unidad con la que se realice el servicio, si tuviera conocimiento de que la prestación del mismo se realizaba de manera irregular.

La comisión de los Delitos Contra la Prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros, se persigue por querella del usuario o persona que se vea afectada; pese a la claridad de la ley, no se ha leído una sola sentencia al respecto, aún con la detención de varias unidades irregulares años atrás.

DELITOS VINCULADOS CON RIDES, OPACOS

Documentación obtenida por Quadratín San Luis en diferentes municipios de la entidad, confirma que en la Fiscalía General del Estado (FGE) se han promovido al menos ocho carpetas de investigación por el delito de prestación indebida del servicio de transporte en la zona centro, la mayoría fueron interpuestas el año pasado, pero ninguna ha llegado a una resolución final.

A esas denuncias se suman siete en Rioverde (zona media) y dos en Ciudad Valles (huasteca), es decir que existen en total 17 recursos legales descubriendo esta actividad ilícita.

Pese a haber obtenido las carpetas de investigación promovidas ante la Fiscalía General del Estado, la dependencia respondió en entrevista para Agencia de Noticias Quadratín que únicamente existen tres denuncias por este delito en la zona metropolitana de San Luis capital y dos más en Rioverde, es decir, no refirió existencia de los demás sdocumentos.

Con la aportación de pruebas -proporcionadas por los denunciantes- fue posible saber que, ante la mesa uno del Agente del Ministerio Público, se encuentran presentadas las carpetas de investigación número 13000/18 y 13347/18; en la mesa cuatro, la 12999/18; en la número seis, 12994/18 y 13095/18; el expediente 13002/18 se ubica en la mesa ocho y, finalmente, en la mesa número 10 datan los expedientes 13096/18 y 14909/18.

En el municipio de Rioverde hay registro de las carpetas de investigación número 0812/2018, 0813/2018, 0814/2018, 0816/2018, 0817/2018, 0818/2018 y 0920/2018.

También en Ciudad Valles, ante la mesa número dos de tramitación común para delitos de querella y contra la salud, hay indicios de dos expedientes: 167/2018 y 1211/2018.

A decir del vicefiscal general del estado, Aarón Edmundo Castro Sánchez, las acusaciones no han prosperado debido a que la Fiscalía aplica un criterio de interpretación del Código Penal, relativo a que sólo se reconocen las afectaciones directas de usuarios de los servicios irregulares de transporte.

Es decir, solamente el pasajero puede acudir a denunciar, lo cual parece poco probable porque en teoría acude a este servicio bajo su voluntad y libre decisión.

A quienes se consideren afectados de manera indirecta por la prestación irregular del transporte de pasajeros, entre ellos taxistas y transportistas que brindan el servicio regulado, no son considerados como afectados, aunque se le da trámite a sus denuncias, adujo el funcionario.

MAFIAS DE OCHO CORRIDAS DIARIAS

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Fernando Chávez Méndez, dijo desconocer si hay denuncias ante la Fiscalía. Aun así, aseguró que la dependencia trabaja en el retiro de unidades que prestan de manera irregular el servicio y refirió que por semana, los operativos contra el pirataje que implementa la SCT y que incluye a los rides, unidades de UBER, taxis apócrifos, entre otros, arrojan el retiro de circulación de entre 56 a 65 vehículos.

Por su parte, personal de la Policía Federal que labora en el Grupo de Atención Especializada en Transporte (GAET), reveló que en cada operativo de inspección que realiza en carreteras federales, específicamente en la rúa San Luis-Querétaro, y la carretera a Rioverde, logra el retiro de circulación de un automóvil particular que realiza los llamados rides.

Ese grupo se encarga de infraccionar a las unidades que presten servicio irregular de transporte, entre ellas, las que operan en la plataforma de Uber, vagonetas que transporten personal sin permiso y vehículos particulares que operan los rides a otras ciudades.

De octubre de 2018 a junio de 2019, el GAET ha sacado de circulación a 133 vehículos. De esa cantidad, 94 infracciones se han aplicado a automóviles particulares que prestan el servicio de pasaje; 25 a vagonetas que trasladan a personal y 14 autobuses que prestan servicios turísticos.

En ese mismo periodo, únicamente se han retirado de circulación a entre cuatro o cinco vehículos de rides foráneos, cuya tarifa no rebasa los 300 pesos por pasajero; esto a pesar de que la corporación federal admite que se ha convertido en una forma de lucro muy bien organizada; una mafia que realiza entre seis y ocho corridas diarias de un municipio a otro, entre San Luis, Rioverde y Ciudad Valles.

Sin embargo, para la PF no constituye como delito la prestación irregular del servicio de pasajeros, en razón de que las faltas se sancionan en jurisdicciones federales, por ello no dan aviso a la Fiscalía General del Estado o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; únicamente aplican la infracción, que para el caso de transporte de pasajeros irregular es de 500 UMA.

NEGOCIAZO DE HACE UN LUSTRO

Desde hace cinco años, las empresas de transporte legalmente establecidas han visto mermadas sus ganancias ante el auge de los clandestinos rides; el testimonio de empleados refiere que -por citar ejemplos- si en una unidad de transporte foráneo se vendían 20 lugares, ahora son cinco, lo que representa hasta 75 por ciento menos en sus ingresos.

Según comparten, el espíritu fundamental de los llamados rides era ahorrar dinero entre personas allegadas, amigos o familiares que se organizaban para irse en un solo vehículo de un municipio a otro y dando una aportación para el combustible, lo cual no va en detrimento de las empresas que pagan impuestos.

Sin embargo, al ver que podía llegar a ser un negocio redituable, la dinámica de organizarse para viajar de esa forma, cambió, y obtuvo un gran alcance gracias a las redes sociales, en las que cualquier persona accede al servicio irregular, sin dimensionar los riesgos y consecuencias que este fenómeno implica.

UN ASIENTO BARATO, RUMBO AL PELIGRO

En San Luis Potosí, la modalidad de los rides opera con mayor frecuencia en rutas que llegan a la capital del estado y ciudades como Tamazunchale, Rioverde y Ciudad Valles; parece una ganga por 250 o 300 pesos cada pasajero, pero las personas ignoran que viajan en absoluta indefensión y sin un seguro de vida en caso de algún accidente; cuando una aseguradora detecta que la unidad se utilizaba para la prestación de un servicio irregular, queda sin efecto cualquier cobertura de gastos médicos.

Arriesgarse sin conocer las posibles consecuencias de la adquisición del servicio no normado, o incluso, contratarlo sabiendo los riesgos que hay por ahorrarse dinero, es una práctica común entre la población potosina.

Según testimonios que han circulado en redes sociales, existen denuncias públicas de quienes al contratar un servicio de ride, son citados a altas horas de la noche y en puntos donde su vulnerabilidad es mayor, ahí los han asaltado y, en casos más graves, trascienden hasta violaciones.