Dos años encarcelados por el robo de unos cigarros y refrescos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 28 de agosto del 2018.- Juan y Pablo, nombres ficticios por seguridad de los agraviados, hermanos que vivieron en carne propia las deficiencias del antiguo sistema de justicia penal en el Estado.

En 2015, ambos fueron arrestados por policías en el municipio de Salinas de Hidalgo, acusados del robo de unos cigarros y un par de refrescos.

Su pecado: haber tenido diferencias con el dueño del establecimiento y otro vecino.

Para el juez encargado del caso, bastó el testimonio del vendedor para condenarlos a tres años de prisión, imponerles una sanción pecuniaria y ordenarles la reparación del daño, consistente en el pago de lo hurtado.

A petición de la hermana de las víctimas, el caso fue retomado por Renace Capítulo San Luis, asociación civil dedicada a defender a personas privadas de su libertad o sentenciadas por delitos menores, siempre y cuando no sean recurrentes.

La organización asumió la defensa en abril del 2017, cuando Juan y Pablo llevaban dos años encarcelados. Luego de identificar inconsistencias en el proceso y presentar un recurso de apelación, Renace logró que los hermanos fueran absueltos y liberados en diciembre de ese año.

“Se van sin ningún antecedente penal y ellos se encuentran activos y vigentes en el programa de reinserción social en Renace”, explicó Mayra Estela Reyes, directora jurídica de la asociación civil.

Renace, sostuvo la abogada, se encarga de defender a las personas procesadas injustamente, pero también de brindarles un servicio integral para que se reincorporen a la sociedad, el cual incluye atención psicológica a las víctimas y sus familiares directos.

También se les vincula laboralmente y se les da un seguimiento particular para verificar que sus condiciones de vida sean las mejores después de salir de prisión.

“La mayoría de las veces las personas son estigmatizadas una vez que salen de prisión”, aseveró.

Como Juan y Pablo, cientos de potosinos son procesados y encarcelados injustamente. Tan solo en lo que va del año la asociación registra cerca de 180 solicitudes de personas que fueron detenidos de forma ilegal. La mayoría de los casos provienen de los municipios San Luis Potosí, Rioverde, Matehuala, Tamazunchale y Tancanhuitz.