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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 25 de octubre de 2019.- Luego que el diputado Rubén Guajardo Barrera, evidenció al menos tres casos de conflicto de interés dentro de la administración estatal, mencionó que la solución será remover de los cargos a los funcionarios.
Cuestionó las relaciones familiares de la titular de la Defensoría de Oficio, Martha Rocío Rosillo Iglesias y Gabriel Rosillo Iglesias que funge como Contralor; el caso de Ramiro Robledo López como jurídico adjunto del Gobernador, pues su padre Juan Ramiro Robledo Ruiz, labora en el Tribunal de Justicia Administrativa; y algo similar con Ulises Valencia, Subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, ya que su esposa es proyectista de un juzgado federal donde el estado es parte.
Señaló que el gobernador Juan Manuel Carreras López está facultado para elegir a los miembros de su gabinete, pero el caso que más genera ruido es el de los funcionarios hermanos, ya que el recurso que use la Defensoría de Oficio en alguna queja le caería a la Contraloría General de Gobierno.
“Siento que existe un conflicto de interés y también creo que están en tiempo y forma para atenderlo; la solución está en removerlos del cargo”, señaló.
Cuestionado sobre si la misma observación debe aplicar en el ayuntamiento capitalino, porque el tesorero Rodrigo Portilla Díaz y el director de Desarrollo Social, Óscar Valle Portilla comparten una relación familiar, Guajardo Barrera dijo desconocer si existe una relación directa y en caso de que así sea destacó que está mal.