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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 28 de febrero de 2019.- En tribuna, la diputada Marite Hernández Correa se solidarizó con Adriana Monter Guerrero, víctima de violencia política de género y laboral por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Consejo de Judicatura, Juan Paulo Almazán Cué, a quien exigió el respeto absoluto a los derechos de la abogada afectada y de todas las abogadas y trabajadores del Poder Judicial.
Además, exigió que Almazán Cué se someta a los mandamientos jurídicos y que sobre todo, atienda los llamamientos a la razón y a la ética profesional, «la violencia de género es un problema estructural y debemos de construir desde las más altas esferas en las que se ejerce», señaló.
Recordó que el problema de violencia política de género y laboral fue denunciado por la magistrada a través del juicio de amparo 1169 2017 tramitado en el octavo juzgado de distrito, donde según datos, se le concedió el amparo y la protección de la justicia, sin embargo, pese a lo anterior la licenciada Adriana
Pese a lo anterior la licenciada fue removida de forma arbitraria de su encargo como Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, para ser nombrada como Jefa del Departamento Adscrito al Archivo Judicial.
«Es una notoria violación a sus derechos humanos», dijo la diputada y manifestó su solidaridad con ella y todas las víctimas de violencia política de género y violencia laboral.