Desconoce Segam proyecto inmobiliario en Sierra de San Miguelito

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 30 de noviembre de 2018.- A pesar de que hace más de dos meses – el 20 de septiembre-, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria de Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Yvette Salazar Torres, advirtió que el interés inmobiliario en esa zona ha inhibido a los ejidos, que conforman el área de más de 66 mil hectáreas, se unan al esquema de protección ambiental.

Expuso que únicamente cuatro ejidos, de los municipios de Villa de Arriaga, Mexquitic de Carmona y Villa de Reyes, se han sumado al proyecto de protección ambiental.

«Evidentemente los intereses inmobiliarios han inhibido el interés de algunos ejidos; logramos por el momento la conformación únicamente de cuatro, los cuáles no se encuentran en la capital», acotó.

En ese sentido, Salazar Torres dijo desconocer el caso de los comuneros de San Juan de Guadalupe, entre los cuales un grupo se opone a la aportación de tierras de uso común de dicha comunidad y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, por más de 2 mil hectáreas para la constitución de la sociedad mercantil inmobiliaria, denominada Reserva San Luis S.A. de C.V.

Al respecto, la titular de la SEGAM, respondió: «No tenemos nosotros ninguna injerencia en cuanto a alguna autorización o algún conocimiento de los nuevos desarrollos inmobiliarios en la capital ni en la parte que nosotros decretamos como área natural protegida y en esta no se encuentra todavía la ciudad de San Luis Potosí», adujo.

Yvette Salazar aseguró que la SEGAM ha participado en diferentes foros municipales, referentes al desarrollo inmobiliario, presentando un oficio en el que se mencionan las áreas específicas que pueden ser objeto de protección de la biodiversidad.

En ese tenor, confió que los ayuntamientos, incluyendo el capitalino, incorporen en sus planes de desarrollo la protección de la extensión decretada como área natural protegida, para la inhibición de desarrollos inmobiliarios.