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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 6 de diciembre de 2024.- La desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue un acto retrógrada al mero estilo del PRI de los años setentas, opinó el representante de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González.
Destacó que la guillotina a los organismos autónomos es un claro retorno al pasado, donde el gobierno mantenía todo el control, sin tener contrapesos, siendo juez y parte.
“La eliminación del organismo garante, y que ahora le sean transferidas sus funciones a una dependencia federal y en los estados a las contralorías estatales, representa un grave retroceso para la transparencia y un golpe histórico a los avances logrados en este ámbito”, sostuvo González.
Precisa además que el propio gobierno federal, gobiernos estatales, ayuntamientos, congresos y el poder judicial se conviertan en juez y parte, algo inadmisible que el expresidente López Obrador heredó al México actual con la anuencia de la mandataria Claudia Scheinbaum, del partido Morena y sus aliados.
“Como estaba funcionando, si el gobierno federal, los partidos políticos, el poder judicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso el Instituto Nacional Electoral no cumplía con sus obligaciones en materia de transparencia, eran sancionados por el INAI”, recordó.
Además, insistió, si una persona no recibía la información adecuada o alguna dependencia reservaba la información de manera inadecuada, presentaba una queja, y el organismo autónomo actuaba con imparcialidad y obligaba al gobierno a entregar la información.
“Ahora ya será el mismo gobierno quien resuelva las quejas en su contra; y uno de los verdaderos objetivos para desaparecer el INAI, no fue el ahorrar dinero como se mencionó, sino blindar todo el sexenio pasado de López Obrador para que no puedan destaparse los grandes hechos de corrupción y violación a los derechos humanos”, asegura.
Igualmente, en el caso de San Luis Potosí con la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y la transferencia de sus funciones a la Contraloría General del Gobierno del Estado sucederá lo mismo, será el propio el gobierno de San Luis Potosí quien atenderá las quejas de la ciudadanía en su contra.
“Este acto representa no solo un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, sino también una amenaza directa a los derechos ciudadanos y a la construcción de un gobierno más abierto y democrático”, lamentó.