Denuncian al Ayuntamiento de SLP por presunto desvío de 52 mdp en pipas

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 6 de octubre de 2026.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene bajo investigación un caso relacionado con contratos para el suministro de agua mediante pipas, en el que están señalados el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el organismo Interapas, por un monto que ronda los 52 millones de pesos, de acuerdo con una denuncia expuesta por la organización Ciudadanos Observando.

El expediente tiene además un antecedente financiero documentado: el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 52 millones 214 mil 298 pesos, relacionado con servicios contratados a precios superiores a los considerados de mercado.

La observación corresponde a la revisión de la Cuenta Pública 2024, identificada como la observación 29 AEFMOD-30-FC-2024-01-009, en la que el órgano fiscalizador cuestionó el ejercicio de recursos públicos destinados a la contratación de pipas para atender el suministro de agua.

De acuerdo con la denuncia, el asunto fue llevado ante la Fiscalía Anticorrupción y existe una carpeta judicializada, por lo que el caso dejó de estar únicamente en el terreno de las observaciones administrativas. No obstante, la existencia de una denuncia y de una carpeta judicializada no implica por sí misma que exista una sentencia o una responsabilidad penal definitiva.

Contratos millonarios bajo la lupa

El origen del caso se encuentra en los contratos celebrados para atender mediante pipas la problemática de abasto de agua en la capital potosina.

En 2022, el Ayuntamiento y/o Interapas contrataron servicios con Grupo Saserro, empresa que de acuerdo con una investigación de Ciudadanos Observando recibió más de 265 millones de pesos entre julio de 2022 y diciembre de 2024 por servicios de agua mediante pipas.

La documentación correspondiente al procedimiento de contratación MSLP-31-2022 estableció inicialmente el servicio de 25 camiones cisterna con capacidad de 20 mil litros cada uno, mientras que la propuesta presentada por Grupo Saserro contemplaba un costo de 56 pesos por metro cúbico más IVA.

El contrato consideró un volumen de 717 mil metros cúbicos, lo que representaba un monto cercano a los 40 millones de pesos antes del impuesto para ese periodo de contratación.

Sin embargo, Ciudadanos Observando cuestionó que alrededor de 20 días después de la adjudicación el precio se elevara de 56 a 68 pesos por metro cúbico, además de señalar inconsistencias en las condiciones técnicas de la licitación y en el análisis de la propuesta ganadora.

La organización estimó entonces un posible sobrecosto de aproximadamente 32 por ciento, al comparar el precio contratado con referencias de mercado que ubicaban el costo por metro cúbico en alrededor de 46.66 pesos, e incluso en 41.48 pesos bajo determinadas condiciones.

Ciudadanos Observando lo había advertido

La investigación de la organización ciudadana calculó en su momento un posible daño patrimonial de aproximadamente 84.8 millones de pesos, derivado del sobreprecio que, según su análisis, se habría pagado por el suministro del agua mediante pipas.

Ese cálculo y los 52.2 millones de pesos observados posteriormente por el IFSE no representan necesariamente el mismo concepto ni responden a la misma metodología.

Mientras Ciudadanos Observando realizó una estimación a partir de la diferencia entre precios contratados y referencias de mercado, el IFSE determinó un probable daño a la Hacienda Pública dentro de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

El órgano fiscalizador también señaló deficiencias en la documentación presentada para acreditar y justificar el gasto, por lo que el monto observado quedó sujeto al proceso de solventación correspondiente.

De la observación al proceso legal

El elemento que ahora coloca nuevamente el tema bajo los reflectores es que, además de las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador y los cuestionamientos públicos de organizaciones ciudadanas, existe una denuncia relacionada con el presunto desvío de recursos por alrededor de 52 millones de pesos.

La denuncia señala tanto al Ayuntamiento de San Luis Potosí como a Interapas, instituciones involucradas en la operación y contratación de los servicios relacionados con el suministro de agua mediante pipas.

El caso plantea preguntas sobre la determinación de los precios, las modificaciones contractuales, la justificación de los pagos, los mecanismos de supervisión y el eventual daño ocasionado a los recursos públicos.

El expediente deberá determinar, en su caso, si existieron conductas constitutivas de delito y quiénes serían responsables de ellas.

Por ahora, lo documentado permite establecer tres elementos distintos pero relacionados: una investigación ciudadana que advirtió posibles sobrecostos, una fiscalización estatal que determinó un probable daño superior a 52 millones de pesos y una denuncia penal que llevó el asunto ante la Fiscalía Anticorrupción.

La responsabilidad penal, sin embargo, deberá ser determinada por las autoridades competentes y, en su caso, por un órgano jurisdiccional mediante una resolución definitiva.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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