De Paulina a Matamoros: 26 años de cambios para acceder a un derecho

MATAMOROS, Tamps., 24 de agosto de 2026.- Hace 26 años, Paulina tenía 13 años cuando fue víctima de violación y quedó embarazada. Aunque la legislación contemplaba la posibilidad de interrumpir el embarazo en casos de violencia sexual, el procedimiento fue obstaculizado por autoridades y personal médico, por lo que la adolescente continuó con un embarazo que no había elegido.

Su caso llegó al sistema interamericano de derechos humanos y posteriormente se convirtió en un referente para México en materia de derechos de las víctimas de violencia sexual.

Más de dos décadas después, una situación similar tuvo un desenlace distinto.

En agosto de 2026, una niña de 11 años llegó a un hospital de Matamoros con cinco meses de embarazo, producto de una violación. En esta ocasión, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó la NOM-046, que establece los criterios para la atención de víctimas de violencia sexual y permite solicitar la interrupción del embarazo sin presentar una denuncia ni esperar una sentencia contra el agresor.

La diferencia entre ambos casos refleja los cambios registrados durante más de dos décadas en el marco jurídico y los protocolos de atención para víctimas de violencia sexual: Paulina enfrentó obstáculos para acceder a un procedimiento contemplado por la legislación, mientras que 26 años después otra menor pudo ejercer ese derecho mediante los mecanismos previstos en la normativa vigente.

El caso de Matamoros fue difundido por el abogado José Mario de la Garza Marroquín, quien señaló que los cambios en esta materia son resultado de años de litigios, modificaciones legales y criterios judiciales, entre ellos los derivados del caso de Paulina.

El derecho avanza, pero persiste la violencia

El acceso a la interrupción del embarazo para víctimas de violación representa un cambio en la respuesta institucional, pero no elimina la violencia sexual contra niñas y adolescentes.

De acuerdo con datos referidos por De la Garza Marroquín, en 2024 alrededor de 8 mil niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en México.

El dato coloca otra dimensión sobre el problema: además de garantizar la atención y los derechos de las víctimas, persiste el reto de prevenir la violencia sexual contra niñas y adolescentes y detectar oportunamente los casos.

La comparación entre Paulina y la niña atendida en Matamoros muestra cómo ha cambiado la respuesta institucional durante 26 años. También evidencia que la existencia de mecanismos legales para atender embarazos derivados de una violación convive con un problema de violencia sexual que continúa afectando a menores de edad.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
Síguenos en: Facebook | WhatsApp | X | Instagram | YouTube