Cuidadoras Potosinas rechazan acusaciones y exigen respeto

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 1 de julio de 2026.- El colectivo Cuidadoras Potosinas rechazó públicamente las acusaciones difundidas en su contra durante los últimos días y aseguró que se trata de una campaña de difamación que busca desacreditar el trabajo que, desde hace varios años, realiza en favor de las personas cuidadoras y sus familias.

A través de un posicionamiento firmado por su representante, Mariana Hernández Noriega, la organización negó de manera categórica las versiones en las que se le atribuyen actos de coacción política, presuntos cobros indebidos, extorsión, violencia psicológica y otras conductas que, afirmó, carecen de sustento.

Respecto a los señalamientos de que las integrantes del colectivo eran presuntamente obligadas a asistir a movilizaciones o eventos políticos, Hernández Noriega sostuvo que todas las actividades de la organización son de carácter voluntario y descartó que exista algún tipo de presión hacia las madres cuidadoras.

Asimismo, defendió el trabajo legislativo impulsado por el colectivo para la aprobación de la Ley Estatal de Protección a Personas Cuidadoras, al señalar que dicho esfuerzo se construyó con la participación de instituciones académicas, organizaciones civiles y legisladores de distintas fuerzas políticas, por lo que consideró que intentar relacionarlo con intereses partidistas únicamente busca desacreditar una causa social.

En el documento también rechazó las acusaciones sobre supuestos cobros ilegales por realizar gestiones o brindar apoyo a las familias, al asegurar que Cuidadoras Potosinas se ha conducido con transparencia y que nunca ha condicionado la atención o el acceso a los servicios que ofrece el colectivo.

Uno de los señalamientos que calificó como más graves fue la versión en la que se afirma que integrantes de la organización habrían reportado falsamente el fallecimiento de menores con discapacidad para suspenderles apoyos gubernamentales.

Sobre este punto, Hernández Noriega negó de manera absoluta dicha acusación y recordó que el colectivo no tiene facultades para realizar ese tipo de trámites, ya que las defunciones son validadas por las autoridades correspondientes y la existencia de las personas se acredita mediante la CURP.

La representante también rechazó las versiones sobre presuntas represalias, exclusiones o violencia psicológica contra integrantes del colectivo.

Explicó que algunas personas han decidido separarse de la organización por voluntad propia, pero negó que existan actos de intimidación o maltrato interno, atribuyendo esas declaraciones a intereses ajenos que buscan dividir al movimiento.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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