SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 23 de julio de 2019.- A pesar de que hasta el momento no se ha otorgado la suspensión de la construcción de la Presa La Maroma, debido a que jueces federales han considerado que es una obra que conlleva un interés público, el litigio que se promovió en contra de la obra continúa su cauce legal.

El asesor jurídico del grupo de ejidatarios y pobladores de la comunidad La Presa, en el municipio de Villa de Guadalupe, donde se desarrolla el proyecto de construcción de la presa, Guillermo Luévano Bustamante, indicó que el 15 de agosto está programada una audiencia en el Tribunal Agrario para dar seguimiento al caso.

Explicó que el grupo que asesora jurídicamente a los ejidatarios, mostró evidencia de que el proyecto que fue promesa de campaña del ex presidente, Enrique Peña Nieto, carece de sustentabilidad. En ese punto, precisó que con base en estudios hidrológicos, se pone de relieve que en la actualidad se desperdicia más agua en las fugas que hay en Villa de Guadalupe, de la que se podría administrar para ese municipio con el funcionamiento de la presa.

Asimismo, el abogado sostuvo que la obra no cuenta con todos los permisos administrativos referentes a la explotación de materiales pétreos, además de que no se han solventado las irregularidades detectadas en el estudio de impacto ambiental, así como la presunta falsificación de algunos documentos. Aún así, la representación estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la Comisión Estatal del Agua (CEA), han insistido en que el proyecto siga adelante.