Congreso buscará ampliar la justicia cívica en los municipios

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 21 de julio de 2026.-El diputado local Rubén Guajardo Barrera anunció que el Congreso del Estado presentará un exhorto dirigido a los 56 ayuntamientos de San Luis Potosí con el propósito de que comiencen a implementar el sistema de justicia cívica, un modelo que, aseguró, permitirá resolver conflictos cotidianos de manera más rápida, disminuir la carga de trabajo de la Fiscalía General del Estado y fortalecer la prevención del delito desde el ámbito municipal.

El legislador recordó que recientemente fue aprobada la Ley Estatal de Justicia Cívica, la cual establece un marco jurídico para regular a los municipios que ya cuentan con este sistema.

Explicó que, aunque la legislación no obliga a los ayuntamientos que aún no lo tienen a implementarlo, sí fija las reglas para aquellos que decidan adoptarlo, respetando la autonomía municipal prevista en el artículo 115 constitucional.

Actualmente, únicamente los municipios de San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles operan con un sistema de justicia cívica, por lo que Guajardo consideró que existe una amplia oportunidad para que el resto de las administraciones municipales analicen su incorporación.

Indicó que el momento es oportuno debido a que los gobiernos locales comenzarán en los próximos meses la elaboración de sus presupuestos para 2027, lo que permitiría destinar recursos para la creación de juzgados cívicos sin afectar sus finanzas.

El diputado explicó que este esquema permite atender conflictos vecinales o administrativos sin necesidad de que los ciudadanos acudan directamente al Ministerio Público.

Como ejemplo mencionó disputas entre vecinos por daños materiales, problemas derivados de ruido excesivo, manejo de basura o conflictos relacionados con mascotas, asuntos que podrían resolverse mediante la intervención de un juez cívico, privilegiando la conciliación y, en caso necesario, imponiendo sanciones administrativas.

Afirmó que la finalidad principal es evitar que situaciones menores saturen a la Fiscalía General del Estado, permitiendo que esa institución concentre sus esfuerzos en la investigación de delitos de mayor gravedad.

Además, destacó que la nueva ley también establece requisitos específicos para quienes ocupen el cargo de juez cívico, entre ellos contar con formación jurídica, experiencia profesional, capacitación permanente y mecanismos de evaluación, con el objetivo de profesionalizar este servicio.

Guajardo adelantó que, además del exhorto, buscará sostener reuniones con presidentes municipales para explicar las ventajas del modelo y acompañarlos en el proceso de implementación.

Confió en que durante el próximo año un número importante de municipios se sume al sistema, al considerar que la justicia cívica representa una herramienta preventiva que mejora la convivencia social y fortalece la seguridad pública desde el ámbito local.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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