Ciudadanos Observando desmiente a Contralor del Estado

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 4 de marzo de 2019.- En la reunión interinstitucional que sostuvieron el viernes pasado la Secretaría de Finanzas, la Contraloría General del Estado y la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado con la organización Ciudadanos Observando, las dependencias no explicaron la situación de las empresas fantasma que aparecieron en el padrón de proveedores de la administración estatal, reprochó el vocero de la asociación, Guadalupe González Covarrubias.

El activista cuestionó las recientes declaraciones del titular de la Contraloría General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, quien mencionó que la organización Ciudadanos Observando quedó muy conforme con la reunión en la que se habrían disipado dudas sobre las modificaciones que se hicieron a los reglamentos de adquisiciones y licitaciones que realiza el gobierno, puesto que para empezar, Rosillo Iglesias ni siquiera estuvo presente en la reunión.

González Covarrubias, dijo que tan sólo por citar un ejemplo, los funcionarios no supieron explicar qué se ha investigado acerca de la empresa Ismalog, S.A. de C.V, la cual facturó un millón de pesos de medicamentos para tratamiento contra el cáncer al Hospital Central, cuando en el domicilio fiscal que señalan las facturas, hay una casa habitación, cuyos moradores aseguraron que nunca ha habido ahí una empresa.

Casualmente, la misma empresa Ismalog, facturó en su momento despensas y material de construcción a varios diputados del PAN, de la legislatura local anterior, entre ellos a Mariano Niño Martínez.

En ese respecto, Lupillo González dijo que el gabinete estatal otra vez se comprometió a revisar este y otros casos en los que se vieron involucradas empresas fantasma.

De igual modo, señaló por último que en dicha mesa de trabajo se estableció que el documento que se conformó con las modificaciones a los reglamentos de inscripción de contratistas y proveedores del gobierno del estado, en el que se plasmaron las propuestas de la Secretaría de Finanzas, la Contraloría y la Oficialía Mayor, así como de Ciudadanos Observando y el Consejo Ciudadano de Transparencia, tendrá una revisión de los aspectos jurídicos y se dará a conocer a la ciudadanía y a los medios de comunicación, en aproximadamente un mes.