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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 20 de febrero 2021.- La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Fundación Barra Mexicana A.C. (FBM) y la Coordinación General de la Defensoría Pública de San Luis Potosí, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar actividades encaminadas al fortalecimiento de capacidades y habilidades en materia jurídica, técnicas de litigación, así como generar espacios de reflexión sobre el acceso a la justicia de víctimas como de personas imputadas.
El titular de la CEEAV, Jorge Vega Arroyo, detalló que el acuerdo establece el desarrollo de actividades que sirvan como apoyo para víctimas y personas imputadas con escasos recursos, que enfrentan procesos jurisdiccionales en el estado de San Luis Potosí. También, se comprometen en participar en el desarrollo de actividades que abonen a la mejora de las capacidades técnicas y conocimientos del personal operativo de la dependencia y la coordinación general de la Defensoría Pública.
De manera virtual, la licenciada Martha Luz Rosillo Iglesias, coordinadora general de la Defensoría Pública del Estado; José Luis Nassar, presidente de la Fundación Barra Mexicana, A.C. y el Comisionado Ejecutivo del CEEAV suscribieron el documento.
En su mensaje, Vega Arroyo expresó su agradecimiento a quienes integran la Fundación Barra Mexicana A.C. a través del Dr. José Luis Nassar, presidente de la Fundación, a la presencia de Gabriela Ortiz, directora de JAVA- USAID, así como a Alejandro Juárez, representante de USAID en México.
Señaló que con esta firma se concretan acciones que establecen las bases de coordinación entre organizaciones no gubernamentales e instituciones para fortalecer experiencias y trabajar de manera conjunta para garantizar el acceso a la justicia.
El compromiso de la Comisión es implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado; de igual manera, se llevan a cabo acciones de capacitación constante al personal para asegurar el acceso a los servicios especializados que proporcionan a las víctimas, y con ello lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana.