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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 6 de agosto 2019.- Mientras los enfrentamientos con Policías Municipales e inspectores de Comercio Municipal en contra de comerciantes ambulantes se suscitaba en pleno Centro Histórico, inspectores de Derechos Humanos se mantuvieron vigilantes para consignar las faltas cometidas contra los involucrados.
La información recabada servirá para abrir una carpeta de investigación y determinar las consecuencias del actuar de la autoridad, señaló el abogado adjunto a la dirección de Quejas del organismo ciudadano, Juan de la Torre.
“Ellos (los comerciantes) ya tienen una queja que levantaron por el protocolo de comercio, ahorita sólo venimos como observadores, vimos como actuó la autoridad y todo se va a integrar a la carpeta y se procederá conforme a derecho”, puntualizó.
Cuando se le preguntó qué derechos humanos fueron violentados durante los actos, el director general de Quejas, José Manuel Durán Cobos, respondió que el domingo pasado “los ambulantes se pusieron en contacto con nosotros y ese mismo día nosotros iniciamos un expediente de queja de oficio y luego de la parte afectada que consideró fallas en procedimiento y legalidad y es lo que estamos investigando ahorita”.
Finalmente agrego que se ha dado el acompañamiento en las oportunidades que se les ha solicitado. “Fue ayer y hoy cuando se constató que se llevó a cabo el desalojo, ahorita nos quedamos al acompañamiento para ver en que se les puede apoyar a los detenidos, ahorita solamente vamos a integrar la carpeta sobre la legalidad del acto y sus procedimientos”.
Más tarde, cerca de las 16 horas la CEDH dio a conocer su postura mediante un comunicado de prensa en el cual expresan que se inició un expediente de queja contra la Unidad de Gestión del Centro Histórico y de la Dirección General de Seguridad Pública municipal por violentar los derechos humanos a la legalidad y seguridad personal; uso excesivo de la fuerza pública; a la integridad personal y al trato digno de los comerciantes desalojados.
En el texto informa la CEDH que está a favor del reordenamiento, pero mediante la observación que realizaron los inspectores de este organismo, condenan el trato y uso de la fuerza ejercido.
También se hizo la invitación al Ayuntamiento capitalino para que una vez más reconsidere que el uso e implementación de las fuerzas de reacción pública es el último recurso, previo a las solicitudes de carácter administrativo.