Busca Congreso renovar marco normativo en torno a participación indígena

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 26 de febrero 2022.- La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, presentó ante el Pleno la iniciativa que insta en expedir la Ley de Consulta y Participación Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, y abrogar la actual Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

El objetivo es renovar y establecer el marco normativo, salvaguardar los derechos y procurar la justicia de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando principios fundamentales que deben ser aplicados en materia de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

En la exposición de motivos se explica que, se vuelve necesario una nueva Ley en materia de consulta y participación indígena, ya que se actualizan diversas terminologías y conceptos, para lograr tener una mejor comprensión en cuanto al desarrollo de la consulta.

De igual forma se especifican las actividades que deben desarrollar durante el proceso el grupo técnico operativo, modificándose y reduciendo las fases del proceso de la consulta, haciendo este más proactivo y accesible, tanto para el ente consultante como para el ente consultado.

La finalidad de la Ley en materia de consulta y participación indígena, no solo debe establecer los pasos para consultar, y los supuestos a consultar, sino también debe dar paso al diálogo intercultural y la construcción de consensos, para fortalecer la relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas.

Por ende, este ordenamiento, incluye en el objeto obligado a consultar, los mega proyectos, por tratarse de situaciones que pueden generar cambios sociales y económicos profundos, como la pérdida de sus tierras tradicionales, el desalojo, la migración, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del medio ambiente en el que vivan los pueblos y comunidades.

La propuesta busca que se tome en cuenta la opinión, la posición, y aportaciones de los pueblos y comunidades indígenas sobre la vida interna relacionada a la instrumentación de medidas legislativas, administrativas o políticas públicas, que afecten su libre determinación.

De esta forma, se busca garantizar el derecho de consulta previa, libre, informada, participativa, de buena fe, con procedimientos culturalmente adecuados para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, generando con esto un ejercicio de igualdad para todas y todos.