SAN LUIS POTOSI, SLP., 27 de noviembre 2020.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraerá el caso de una niña potosina que presuntamente fue víctima de violencia sexual en el municipio de Rioverde, lo anterior porque los padres acusan que las autoridades de San Luis Potosí absolvieron a los presuntos culpables de este hecho.

Ana Katiria Suárez Castro, abogada de la familia denunciante, explicó que este caso sienta un precedente para los niños víctimas de agresiones y otros delitos de carácter sexual en el país,  ya que la  primera petición que hicieron para que se atrajera este caso  les fue negada.

El ministro, Juan Luis González Alcántara Carranca, de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que se atrajera este caso para revisión en la máxima tribuna de justicia de México; la abogada recordó que los hechos en contra del libre desarrollo psicosexual de la menor –quien entonces tenía cuatro años- ocurrieron en 2017, y desde entonces se le ha negado la justicia pese a una lucha exhaustiva en su estado.

 “Esto se trata de una red de trata de menores, de pederastia y va mucho más allá de lo que las autoridades de San Luis Potosí quisieron colocar en la Fiscalía, donde se negó a escuchar a la víctima y determinó estaba muy bien, no hay nada más aberrante que ir en contra de la dignidad de una niña”, reclamó.

Además, resaltó que la víctima y los familiares fueron tratados de manera indigna por la Comisión Ejecutiva Estatal de atención a víctimas (Ceeav), a cargo de Jorge Vega Arroyo,  en donde afirma tuvieron que mendigar hasta por un peso para poder comer.

La agresión contra la menor, según la denuncia, habría ocurrido en un jardín de niños privado ubicado en el municipio de Rioverde, de donde la familia de la niña tuvo que desplazarse para radicar en Matehuala luego de ser amenazados y denostados.

Posteriormente se fueron a la Ciudad de México, donde Marcela Alemán, madre de la víctima, ha protestado en varias ocasiones sobre avenida Reforma; pero más recientemente decidió atarse en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exigiendo justicia para su hija.