Aprueban que consejeros de la CEDH no tengan carácter de funcionarios

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 24 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con la que se establece de manera expresa que las personas que integran su Consejo Ciudadano no podrán ser consideradas servidores públicos, con el objetivo de fortalecer su carácter ciudadano, honorífico e independiente.

El dictamen, presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, busca otorgar certeza jurídica y evitar interpretaciones que burocraticen la naturaleza del Consejo, cuyo papel es representar a la sociedad civil en la discusión, definición y supervisión de las políticas públicas en materia de derechos humanos.

De acuerdo con el análisis legislativo, aunque la ley vigente ya señalaba que el Consejo está integrado por ciudadanas y ciudadanos provenientes de la sociedad civil, no existía una precisión normativa que excluyera de forma clara su carácter como servidores públicos, lo que había generado confusión y criterios contradictorios en su aplicación.

Esta ambigüedad, señalaron las y los legisladores, derivó en que en algunos casos se considerara a las y los consejeros como funcionarios públicos, situación que afectó el funcionamiento del órgano y desvirtuó su esencia como espacio de participación ciudadana autónoma.

Con la reforma al artículo 39 de la Ley de la CEDH, se adiciona de manera explícita que quienes integren el Consejo Ciudadano no tendrán la calidad de servidores públicos y se regirán conforme a lo establecido en el artículo 49 de la misma norma, lo que permitirá preservar su independencia y su función como vínculo directo entre la sociedad y el organismo defensor de derechos humanos.

Las y los diputados coincidieron en que esta modificación fortalece el modelo de supervisión ciudadana, al garantizar que el Consejo mantenga su papel como representante auténtico de la sociedad civil, libre de cargas administrativas o responsabilidades propias del servicio público, consolidando así su aporte en la defensa y promoción de los derechos humanos en San Luis Potosí.