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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 4 de enero de 2026.- San Luis Potosí iniciará 2026 con un ajuste en su estrategia de seguridad pública, enfocado en ampliar la aplicación de evaluaciones de control y confianza a corporaciones estatales y municipales, en un contexto marcado por rezagos en la acreditación policial y un aumento de señalamientos ciudadanos. La meta del Gobierno del Estado es aplicar alrededor de dos mil evaluaciones durante este año.
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que este incremento en los filtros forma parte de un replanteamiento de los mecanismos de supervisión interna, acompañado de gestiones ante instancias federales para obtener mayores recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en 2026, aunque sin precisar aún los montos esperados.
El fortalecimiento de las evaluaciones se da tras los antecedentes registrados en 2025, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 184 quejas contra corporaciones de seguridad, más de 80 de ellas dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, equivalentes a poco más del 40 por ciento del total, principalmente por presuntos abusos policiales y detenciones arbitrarias.
A estos señalamientos se suman resultados irregulares detectados en municipios. En Matehuala, al menos 15 policías municipales arrojaron resultados fuera de norma en evaluaciones que incluyeron exámenes toxicológicos y de polígrafo, con seis positivos a sustancias ilícitas o controladas, mientras que en Villa de Reyes cerca del 50 por ciento de los elementos no aprobó el examen toxicológico aplicado en junio de 2025.
De manera complementaria, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública prevé instalar mesas de trabajo con los 59 municipios para establecer convenios que permitan coordinar la aplicación de evaluaciones y el uso de recursos federales. Aunque el aumento en los filtros apunta a reforzar la profesionalización policial, su impacto dependerá del seguimiento a los resultados y de la capacidad institucional para atender las irregularidades detectadas.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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